Por David Cabrera de León*
El reconocimiento a las especificidades de Canarias se incorporó en los tratados de la UE en 1999 a través de la regulación de las llamadas regiones ultra-periféricas (RUP).
Es esta la razón de que Canarias, desde la integración de España en la Unión Europea, haya venido teniendo un tratamiento diferenciado en el ámbito comunitario y haya sido objeto de diversos instrumentos dirigidos a fomentar nuestro desarrollo socioeconómico.
La razón de nuestra especificidad es evidente, se apoya en las especiales y sucesivas dificultades a las que nos enfrentamos los que vivimos en Canarias: la insularidad, la lejanía atlántica, la escasa superficie, el relieve de cada isla, los diversos climas, la necesidad de abastecernos constantemente de materias primas y de los bienes de consumo más esenciales, y también, y no menos importante, el reducidísimo número de productos autóctonos con que podemos comercializar.
El Gobierno de Canarias, de cuando en cuando, actualiza la información relativa a los impactos que conlleva ser un territorio ultra-periférico. El objetivo es conocer al menos el importe de estos sobrecostes en términos brutos, y por ello cuantificarlos sin deducir las medidas económicas de compensación vigentes.
Recientemente he tenido la oportunidad de echar un vistazo al informe del 2019 sobre el coste privado de la ultra-periferia y la doble insularidad en Canarias, y me parece que sus cifras, aún brutas, se quedan por debajo de la realidad del día a día, y más si tenemos en cuenta la cesta de la compra, cuando ponemos combustible, cuando nos vemos obligados a viajar en avión con parecida asiduidad a como lo haríamos en taxi, etc.
Todos los canarios estamos sometidos a un atlantismo de sobrecostes constante, y, por tanto, sabemos muy bien que casi cualquier producto nos va a costar más esfuerzo, más dificultades, más dinero. Estamos acostumbrados a importar del exterior y a transportar, a las islas más grandes, y de ahí a las más pequeñas, iniciándose así hasta un segundo e incluso un tercer transporte del mismo producto.
El coste de vida se nos encarece. Y según sea el grado de ese sobrecoste, solemos hablar de doble e incluso de triple insularidad. Por ejemplo, cuando tenemos que transportar una mercancía, que tiene que pasar primero por la isla más grande, luego por la siguiente, para finalmente llegar a la tercera, como es el caso de El Hierro.
Pero hay otros costes de insularidad de los que no se suele hablar, quizá porque son difíciles de evaluar, son los costes de lo que yo vengo a llamar la cuádruple insularidad, esto es, los derivados de la simple transposición normativa de las leyes y los reglamentos a nuestra vida diaria.
Hablamos a menudo en Canarias de los sobrecostes que sufrimos los isleños, algunos evaluables como el transporte, los viajes, el agua, la energía, las instalaciones; también de los de difícil cuantificación como el reducido tamaño del mercado de trabajo y del mercado de servicios empresariales; pero casi no se habla de los sobrecostes que conlleva la aplicación normativa, del importantísimo sobrecoste que supone cumplir y hacer cumplir las leyes y los reglamentos en Islas como El Hierro.
En la Isla de El Hierro sufrimos con estoicismo estos sobrecostes derivados del hecho que el Parlamento de Canarias no suela tener en cuenta nuestra situación estructural social y económica a la hora de exigir la aplicación de la norma.
Nuestro legislador autonómico no suele considerar el efecto doble o triple que tiene una regulación en las islas menores, las que cuentan con menos recursos; no se tiene en cuenta nuestro inevitable carácter diferencial. Solo después, tiempo después, a costa de un enorme desgaste reivindicativo, y de oca en oca electoral, logramos los herreños en ocasiones amortiguar los efectos e introducir una diminuta cuña en la norma.
En este sentido ya no cabe hablar tan solo de doble e incluso de triple insularidad que vivimos los canarios para hacer referencia a las dobles y triples dificultades, sino que debemos empezar a hablar de la cuádruple insularidad para referirnos a ese cuádruple sobrecoste que conlleva que cumplamos en El Hierro las disposiciones normativas con que se regula nuestra convivencia.
Es hora de que al igual que hace la Unión Europea con Canarias, contemplar sus especificidades con mayor o menor acierto, que el Gobierno de Canarias contemple las especificidades que supone la aplicación normativa en Islas como El Hierro.
A la hora de legislar se deben contemplar las especiales dificultades que cumplir las normas va a conllevar para los que vivimos en la periferia de la ultra-periferia, para que así profundicemos aún más en el análisis y regulemos la especificidad de lo insular que aconseja el sentido común.
*David Cabrera de León
Consejero del Medio Rural y Marino y Recursos Hidráulicos del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro.
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