Por Juan Jesús Ayala.

Término este el de “canariedad” que según la Academia Canaria de la Lengua “es un hecho lingüístico y cultural que se define y explica como hispánico”; y el diccionario español la acentúa como “condición de canario, especialmente amante de lo canario” pero que se usa como diferenciador de ciertas organizaciones políticas llamadas nacionalistas  que al manifestar que defienden la canariedad y un canarismo progresista lo que pretenden es desmarcarse de otros nacionalismos así como de partidos con argumentos centralistas que no dejan también de arrogarse  de canariedad como el que mas. O sea que tanto nacionalitas como no nacionalistas defienden Canarias desde una canariedad irredenta.

Pero si está claro que este concepto está vacío de contenido ideológico, sobre todo, para aquellos que se denominan nacionalitas, y que por otro lado nos parece bien que asuman la canariedad como una marca, como seña que llevan desde nuestros productos, forma de hablar y maneras de folclorisarnos, pero la ideología nacionalista  tiene que  proyectarse mas allá.

El nacionalismo es una ideología, una de las más relevantes en el planeta, aunque aun quedan muchos pueblos ausentes de significado, vagando entre tutelas y opresiones que como las naciones que hoy están consolidadas tendrán que recorrer su mismo camino, aunque sea largo como menciona Hegel. Y es que el nacionalismo es la ideología  que construye y estudia las estrategias necesarias  para que el  territorio donde se ejerce la acción  política se conforme en una nación. Y ahí es donde tiene que llegar el nacionalismo  por los medios democráticos .O sea los nacionalistas que no llevan en sus proclamas ideológicas que su objetivo prioritario, a parte de  propiciar el bienestar económico en todos los ámbitos a los que viven en esta tierra, es  la construcción nacional de Canarias( si hablamos del canario) estarán  dando palos de ciego y en una nebulosa plena de ambigüedad.

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Sabemos que la Constitución actual no contempla la existencia ni considera al estado español como plurinacional, y que lleva años anclada en el mismo sitio y sin aportar transferencias a muchas de las llamadas comunidades autónomas no siendo a aquellas que tienen poder para apuntalar gobiernos  tales como Cataluña y Euskadi. Pero la evidencia nos dice que la constitución de 1978 que es la séptima que ha tenido el estado español  no resuelve los problemas planteados actualmente  y no digamos los problemas canarios, con una tasa de desempleo agobiante, una pérdida de poder adquisitivo vergonzante, un paro juvenil de escándalo y una sanidad en precario que clama por nuevos hospitales y por una dotación de personal sanitario adecuada a las peliagudas  circunstancias de la pandemia actual y de las que están por venir que  nos situarán en extremas dificultades y con el agua al cuello. Y además tenemos enfrente un Marruecos amenazante con prospecciones  petrolíferas en aguas  que  le son ajenas; así como el galimatías de su extensión de la plataforma continental y de  una Zona Económica Exclusiva ampliadas hasta cerca de la Restinga en la isla de El Hierro lo que al gobierno español, da la sensación, le importa un pimiento  mirando   para otro lado y  que en cualquier momento tendremos dificultades imprevistas pero que se pueden barruntar.

Con todo esto  dado la asimetría y favoritismo para Euskadi y Cataluña en dejación de otros territorios,  se debería, para evitar conflictos de mas envergadura, el inicio de una Segunda Transición en la que se modifique el Titulo VIII de la Constitución que trata de la Organización Territorial del Estado. Puesto que el Estado de las autonomías si bien tuvo su fuerza en su momento cuando aun había ruidos de sables y revoloteos de  sotanas  ya está obsoleto.

Así que “canariedad” es un termino para andar por casa, vacío de contenido para aquellos que se consideran nacionalistas cuya proyección ideológica debe ser la construcción nacional de Canarias  y diseñar las estrategias necesarias para que la nación canaria se dote de los ropajes institucionales suficientes desde donde se promueva  un nuevo contrato político con el estado español  que vaya por la vía de un proceso confederal.