El movimiento de izquierda considera que una de las cuestiones claves de la salubridad moral de las instituciones y empresas públicas herreñas es el cumplimiento estricto de toda la normativa laboral.
Redacción/Iniciativa por El Hierro-Izquierda Unida Canaria (IpH-IUC) ha demandado la realización de una auditoría laboral que abarque al conjunto de instituciones y empresas públicas herreñas para verificar el grado de cumplimiento del sector público de la legislación en materia laboral, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales aplicando las medidas correctoras que hagan falta.
Para Abel Fernández, coordinador insular de IpH-IUC, “una cuestión clave en la salubridad moral de todo el sector público de la isla es el cumplimiento en su grado máximo de toda la normativa laboral por parte de las administraciones públicas, por responsabilidad con sus trabajadores y trabajadoras pero también como factor de ejemplaridad para el sector privado”.
Desde el movimiento de izquierda se considera que esta auditoria debe considerar cuestiones como los contratos de trabajo de todos los trabajadores y trabajadoras, si están formalizados conforme a derecho y si no existe fraude en la contratación temporal; revisar las retribuciones del personal, si cumplen los mínimos establecidos en el Convenio Colectivo de aplicación, si están cubiertas las mejoras u obligaciones sociales que regule el Convenio; las liquidaciones de los seguros sociales o el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, así como establecer con calendario fijado las medidas correctoras que hagan falta.
IpH-IUC entiende además que se deben corregir cuestiones como el abuso de los contratos administrativos, de los cargos de confianza, para cubrir puestos que realmente corresponden a la estructura laboral de las instituciones, así como determinadas contratas y encomiendas que suponen una cesión irregular de trabajadores y trabajadoras.
“Este tipo de medidas supone también cambiar el eje del debate del acceso a un puesto de trabajo en el sector público, donde injustamente se le aplica toda la carga negativa a aquellas personas que entran de un modo irregular, cuando es la gestión política de las instituciones la que fomenta este tipo de prácticas. Con esta medida lo que buscamos es hacer cumplir los derechos de todas las personas que están trabajando en el sector público herreño, corrigiendo las posibles irregularidades y contribuyendo a sanear moralmente nuestras instituciones, al mismo tiempo que se manda un mensaje al sector privado de autoexigencia”, ha afirmado el coordinador del movimiento de izquierda.
