Política

Redacción/Ambas formaciones políticas han presentado una moción que se debatirá en el próximo Pleno del Ayuntamiento de La Frontera, en la que solicitan incrementar la plantilla del Servicio de Aguas municipal. La moción ha sido presentada por los concejales del Unión Frontera (UF), Susana Pérez y Marcos Casañas y el concejal del Partido Popular (PP), Johan González. Esta solicitud se ha aprobado por unanimidad en la comisión ordinaria del mes de octubre. 

Según explica ambas fuerzas políticas, hasta hace pocos años, el servicio de aguas del  ayuntamiento de La Frontera contaba con dos personas a cargo de las labores diarias del servicio de aguas “lectura de contadores, averías, altas y bajas, etc.”. En la actualidad esta área solo cuenta un solo trabajador, “contar con una sola persona para realizar todas las labores diarias, incluidas las averías fuera del horario laboral, hacen que el servicio se encuentre actualmente en una situación precaria” explican. 

En este sentido, indican que incrementar la plantilla, con una plaza extra, hará que se puedan compartir los períodos de guardias para las eventuales averías; cumplir con los períodos de lectura de contadores, evitando el retraso en la facturación; atender las altas y bajas que informan los miembros del servicio de aguas, previo al dictamen de la oficina técnica, así como asegurar que todos los días del año hay una persona al frente del servicio, “ya que con una sola persona, para cubrir vacaciones, horas/días extras por averías, hace que el servicio se quede huérfano o que haya que recurrir a personal de otras áreas, mermando igualmente la eficiencia en ambas”. 

En la moción presentada, ambas formaciones solicitan al Pleno acordar, la creación de la plaza de servicio de aguas – fontanero para aumentar la plantilla de este servicio, que actualmente cuenta con una sola persona;  estudiar, en un período 2022-2030, en función de la previsión de necesidades de este servicio, la composición de la plantilla necesaria para asegurar su correcto funcionamiento; valorar en este período 2022-2030, los servicios que presta la propia institución, y los que se encuentran externalizados, para lograr un funcionamiento general más eficiente.

Redacción/La Cámara alta ha aprobado en mañana de hoy con 146 votos a favor y 113 abstenciones, el proyecto de Ley de regulación del juego con el objetivo de luchar contra la adicción, especialmente de los más jóvenes, reforzar el control ante la manipulación de competiciones y el fraude en las apuestas deportivas. La Senadora por El Hierro del Grupo Socialista, Esther Carmona, ha participado en el proyecto de Ley.

Carmona, subraya que “la adicción al juego es un problema invisibilizado en nuestra sociedad que hay que combatir”. 

La senadora herreña, ha lamentado los años de inacción y permisividad de los gobiernos del PP con las apuestas deportivas, especialmente en su modalidad online, y el efecto claramente nocivo que ha tenido en los más jóvenes y ha expresado que la limitación de la publicidad de las apuestas deportivas “es un compromiso firme y claro de este Gobierno frente a los siete años en los que el Gobierno del PP prefirió mirar hacia otro lado”. 

“La adicción al juego es un gran problema que además es invisible en nuestra sociedad. Un verdadero drama que debemos combatir”. “Hablamos de personas, familias y dramas que hay detrás del juego. No es el momento de los lobbies y la banca, es el momento de atender a los menores, a los más vulnerables y a las familias que sufren”, señala Carmona.

Por su parte, Manuel Fernández Palomino, senador del PSOE por Jaén y portavoz de Consumo en el Senado, ha aclarado que la ley pretende mejorar la protección de los menores y de los participantes en los juegos y prevenir las conductas adictivas. “Hablamos de auténticos dramas familiares que cada vez llegan en edades más tempranas”.

El proyecto de Ley establece que una de las funciones de la Comisión Nacional del Juego sea reforzar la capacidad de evaluación de la eficacia de las medidas sobre juego responsable o seguro exigibles a los operadores. De esta forma, se prohíben comunicaciones comerciales que desacrediten a las personas que no juegan u otorguen una superioridad social a quienes sí lo hagan o transmitan tolerancia respecto al juego en entornos educativos o de trabajo.

Así mismo y para luchar contra la ludopatía, el Gobierno pondrá en marcha un Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego e instará a las Comunidades Autónomas a la firma de convenios de colaboración para la interconexión automatizada entre los distintos registros autonómicos. Además, se introduce el Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas como instrumento técnico en el que estarán presentes los actores interesados en la erradicación del fraude y la manipulación de las competiciones deportivas.

La norma, introducen directrices mínimas para el uso más seguro de los activos digitales no fungibles, las cajas botín o las mecánicas de monetización de la participación de los usuarios en videojuegos como la necesaria información al consumidor en relación con los riesgos de su uso y abuso.

Palomino afirma que “apoyar esta ley es trabajar para mejorar la vida de la gente y un derecho que no está escrito en ninguna constitución y que se resume en el derecho a pelear para ser felices. Hablamos de personas y familias. Dramas que hay detrás de esta actividad. El Gobierno sigue trabajando en la misma línea, primero restringiendo y prohibiendo la publicidad y hoy vuelve a hacerlo, esta vez con la modificación de la Ley del Juego”.

El senador por Cuenca, Alfonso Escudero ha explicado que La ley del juego en vigor data del año 2011, por lo que “es necesario una modificación que la ponga al día. El juego es un sector muy dinámico en el que han entrado en escena nuevos actores y modelos de negocio”.

“El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Consumo, ha dado prioridad a una modificación legal de este negocio en aras de proteger a las personas más vulnerables y que más pueden sufrir los efectos del juego”.

“Es necesario controlar este sector y, por supuesto, dotar a las instituciones de los mecanismos técnicos y jurídicos necesarios para actuar ante las conductas que menoscaben el correcto ejercicio de la actividad empresarial”. “Se debe priorizar el bienestar y la salud de las personas frente al puro beneficio empresarial”.

Ratio: 5 / 5

Redacción/Se trata de dos integrantes de Nueva Canarias (NC), que en la actualidad forman parte del pacto de Gobierno en el Ayuntamiento capitalino (PSOE-NC), como concejales de la institución. Brito y Lugo ahora formaran parte de Asamblea Local de Valverde de AH, que fue constituida en la tarde de ayer.

Brito fue elegido como Presidente de este comité local de Asamblea Herreña (AH), mientras Edgar Lugo, ha sido designado como Secretario; junto a ellos han sido elegidos Luis Cruz Pérez, Fabián Barrera Pérez, Juan De Dios Padrón García y Cristina Brosed Padrón, como miembros de esta entidad.

Carlos Brito (NC) ostenta los cargos de Primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valverde y las concejalías de Obras, Vivienda, Urbanismo, Transportes, Seguridad, Emergencias y Movilidad. Por su parte, Edgar Lugo (NC) ocupa la concejalía de Deportes del consistorio capitalino.

Brito, tras su incorporación ha explicado que “la forma en que yo entiendo la política local es la de hacer cosas por y para la gente, no en estar en un despacho, o de visita los fines de semana. Hay que escuchar a los vecinos, ver cuales son sus necesidades e intentar darles solución lo más rápidamente posible. Somos simplemente gestores de nuestros vecinos”.

Por su parte, David Cabrera (AH), líder de la organización, ha celebrado las nuevas incorporaciones de los hasta ahora integrantes de NC en la Asamblea Herreña de cara a las próximas elecciones del 2023. “Asamblea Herreña da así un paso más en la consolidación de su estructura insular con la creación de un equipo de personas que puedan trabajar el día a día no solo del partido, sino de los vecinos del municipio”.

“Todas las personas que estamos dispuestos a poner de verdad a la isla por delante, debemos ir juntas, porque solo así, se puede tener voz frente a aquellos que quieren decidir por nosotros en el Gobierno de Canarias, en las islas capitalinas, o en Madrid”.

“El Insularismo tiene hoy más que nunca su razón de ser. Solo hay que hacer un repaso a todas las decisiones que los partidos no insularistas han tomado en esta legislatura en contra de la isla por seguir los dictados de sus partidos” explica Cabrera.

Redacción/Así lo ha informado el diputado por El Hierro del Partido Popular, Juan Manuel García Casañas que arrancó en la mañana hoy viernes, 21 de octubre, el compromiso de la consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, Manuela de Armas, de que la declaración del Silbo Herreño como Bien de Interés Cultural (BIC) se produzca antes de los 24 meses que marca la Ley. “Espero que el compromiso del Gobierno de Canarias para con el BIC del Silbo Herreño no siga encontrando piedras en el camino” expresa García Casañas. 

El parlamentario herreño, exigió en la Comisión de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Parlamento de Canarias una respuesta clara y concisa al Ejecutivo regional sobre la situación del expediente, el cual se vio afectado en su momento por una sentencia del Tribunal Constitucional, que provocó que el proceso iniciado en 2017 se considerará caducado, siendo nuevamente incoado en 2020.

Precisamente es en esta nueva etapa en la que García Casañas ha señalado que se han producido retrasos injustificados e ida y venidas del expediente, que ha encontrado “mil y una” vicisitudes legales para ser resuelto.

“Espero que el compromiso del Gobierno de Canarias para con el BIC del Silbo Herreño no siga encontrando piedras en el camino, sobre todo ahora que es el propio Ejecutivo el que de oficio ha incoado un expediente que ya estaba incoado por el Cabildo, pero si esto sirve para la consecución del proceso, bienvenido sea, aunque el voto de confianza en este asunto al Consejería no se lo podemos dar, porque los hechos hablan por si solos, es más, en el Partido Popular estaremos pendientes de los plazos, comenzando por la publicación en el BOC de la incoación del expediente lo cual debería producirse en las primeras semanas del mes de noviembre, a tenor de lo ocurrido con otros expedientes” expresa García Casañas.