Redacción/Petición que sería también extensible al Secretario General de Pesca, Alberto López Asenjo García, como responsable del mantenimiento del Subdirector General en su puesto a pesar del desastre de gestión realizada con respecto a la pesquería de atún rojo.
Petición que realizan los pescadores canarios, debido a que el Subdirector General del Caladero Nacional es responsable directo del plan de pesca del atún rojo. Es por tanto responsable directo del desastre de planificación llevada a cabo en relación con esta pesquería. También es responsable del reparto ilegal de la cuota del atún y del trato arbitrario otorgado a la flota canaria, expresa dicho colectivo.
Con respecto al desastre de la planificación, señalan que a día de hoy no ha comenzado la campaña que debió hacerlo este lunes pasado día 19 de marzo de 2018, siendo previsible que la apertura de la pesquería se retrase hasta finales del presente mes de marzo o principios de abril, poniendo en riesgo las capturas por la temporalidad del paso del atún rojo por Canarias.
El pasado día 14 de marzo de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Resolución de 2 de marzo de 2018, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publica la asignación de cuotas de atún rojo y del censo específico de la flota autorizada para el ejercicio de la pesca del atún rojo.
El mismo día de la publicación de esa Resolución se recibe una sorprendente comunicación telemática de Don Rafael Centenera, Subdirector General del Caladero Nacional, por la cual pone en conocimiento de esta Federación Regional, que se abre un nuevo período de consultas sobre el mismo asunto regulado en la resolución publicada en el BOE, con la intención de dejarla sin efecto y posponiendo el inicio de la campaña para la última semana del presente mes de marzo.
Después de varios meses de preparación de la campaña del 2018 de la pesquería de atún rojo, que el máximo responsable del Caladero Nacional cometa semejante irresponsabilidad, que sea el autor de esta auténtica chapuza jurídica y de gestión de esta pesquería, le descalifica para estar al frente de dicho Departamento y demuestra su incapacidad para gestionar el ámbito de responsabilidad que le ha sido encomendado, que desde luego con sus formas de actuar había quedado en entredicho ya desde hace tiempo. Esta iniciativa del señor Subsecretario del Caladero Nacional supone una vergüenza de gestión que cuestiona la seriedad y la falta de rigor de toda la Secretaria General de Pesca.
Es totalmente impresentable, inapropiado y arbitrario que el Subsecretario General del Caladero Nacional decida modificar las reglas de juego a pocos días del inicio de la campaña de 2018 y después de meses de preparación de la campaña de 2018, además con una argumentación y unas condiciones de reparto totalmente disparatadas, carentes del mínimo rigor técnico y jurídico que debe exigirse a una Administración Pública.
Por otra parte, expresan que, en la comunicación del Señor Centenera no se hace ninguna referencia a la asignación de la cuota a la flota canaria dedicada a la pesquería de atún rojo; no responde a las alegaciones formuladas por esta Federación Regional durante la fase de participación y consulta de la Resolución de referencia.
Este hecho también es de suma importancia y gravedad por cuanto en dichas alegaciones poníamos de manifiesto la vulneración del marco jurídico de aplicación para la asignación de la cuota española entre las 6 flotas que integran el censo de las autorizadas para esta pesquería. Hasta la fecha no se han rebatido por parte del Señor Centenera ni por la Secretaría General de Pesca los argumentos presentados por esta Federación ni se ha dado una sola explicación (Se adjunta un anexo explicativo de los argumentos de esta Federación Regional para tachar de ilegal y arbitrario el reparto realizado).
Por tanto, de mantenerse la asignación de cuota otorgada a Canarias y en base a la fundamentación ofrecida por esta Federación la Secretaría General de Pesca, de la mano del Subdirector General del Caladero Nacional, estaría actuando al margen de la legalidad, con las consecuencias jurídicas que dicha situación acarrea para sus responsables.
