Redacción/El Consejo de Gobierno aprobó el pasado lunes, 2 de julio, la autorización del gasto plurianual 2018-2021 de los convenios para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y/o discapacidad. Los convenios, que se suscriben entre el Gobierno de Canarias y los siete Cabildos insulares, oferta todos los servicios de la cartera detallada en la Ley 39/2006, lo que permitirá que cada institución insular ofrezca en su ámbito territorial el mayor abanico de posibilidades a las personas que permanecen en sus listas de espera, así como complementar la atención de las personas que ya están en sus centros.
Los Cabildos insulares estarán financiados con un importe global para esta materia, que asciende a 448.344.420 euros por parte del Gobierno de Canarias, más la aportación insular. En concreto, para el 2018, el Ejecutivo canario destinará un global de 104.395.922 euros, lo que supone un incremento en la aportación con respecto a 2017, de un total de 27.126.468 euros.
Por islas, se contempla un gasto para la plurianualidad 2018-2021 por parte del Ejecutivo canario de 189.678.230 euros para la isla de Gran Canaria; 6.454.132 euros para Fuerteventura; 27.177.053 euros para Lanzarote; 192.388.953 euros para Tenerife; 25.978.604 euros para La Palma; 6.214.861 euros para La Gomera y 3.609.107 euros para El Hierro.
Con la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se define un marco de actuación común y básico para todas las administraciones públicas dentro de un área determinada de los servicios sociales, como es la atención a personas en situación de dependencia.
El instrumento que garantiza esta atención es el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), por medio de un Catálogo de prestaciones de servicios y económicas, configurado como una red pública que integra centros y servicios públicos y privados concertados y acreditados.
Estos convenios tienen por objeto articular la colaboración entre la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y los Cabildos Insulares para la prestación de los servicios de centro de día y de noche, así como de atención residencial (residencias, viviendas tuteladas y hogares funcionales) y de promoción y prevención de la autonomía personal, incluidos en la Red de Centros Sociosanitarios propios, concertados o conveniados por los referidos Cabildos Insulares, a las personas mayores o con discapacidad que tengan reconocida la situación de dependencia, una vez se hayan determinado los cuidados sanitarios, en su caso, y se les hayan asignado dichos servicios en el Programa Individual de Atención.
