Redacción/El Ministerio Fiscal ha solicitado 4 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, más una multa de 20 meses a razón de 10 euros diarios (6.000 euros) para Fernando Gutiérrez, presidente de la cofradía de pescadores Virgen de Los Reyes y presidente de la Federación Canaria de Cofradías, como responsable de un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente de los artículos 74 y 325 del Código Penal.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Valverde, que decreta la apertura de juicio oral y según el relato de los hechos explica que el 7 de mayo de 1999, el Cabildo de El Hierro, cedió a Fernando Gutiérrez una parcela de su propiedad (2.817 metros cuadrados) con la finalidad de instalar un centro de desguace para la recogida y acopio de vehículos fuera de uso. Desde ese momento y hasta finales de 2013, momento en que fue clausurada por orden judicial (desde 2005 se trasladó a otro terreno adyacente al anterior) realizó las actividades contraviniendo las normas más esenciales tendentes a la protección del medio ambiente.

Cuestión esta acreditada mediante numerosas visitas e inspecciones del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y agentes de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) en el año 2004 que levantaron actas denunciando que no poseía autorización para la gestión de vehículos al final de su vida útil; que la instalación carecía de las medidas adecuadas (impermeabilización de los suelos, equipos de tratamiento de aguas pluviales, zonas cubiertas para el almacenaje de líquidos contaminantes, contenedores para el almacenamiento de baterías, y depósitos para la recogida de líquidos contaminantes); así como carecer de la debida licencia de apertura.

En 2018, tras reiterada certificación de condiciones realizado por Seprona, Isaac Izquierdo, técnico de la Apmun, y un agente de Medio Ambiente emite informe poniendo de manifiesto que “el almacenamiento de residuos peligrosos retirados a los vehículos se realiza sobre una losa de hormigón de una superficie aproximada de unos seis metros cuadrados. En los extremos de la losa de hormigón no existe ningún murete de contención ni imbornal por lo que los derrames accidentales terminan en suelo permeable”.

Los vehículos “son almacenados sin descontaminar sobre suelo permeable. En algunos casos se les retira el aceite de motor y baterías, pero la mayoría no son descontaminados, conservando valvulina, líquido de freno, líquido refrigerante, aceite de motor, etc. El despiezado de los coches se realiza en el lugar de almacenamiento al carecer la instalación de zona de descontaminación, lo que supone derrames de los fluídos a suelo permeable”.

En 2010, la Apmun informa que “en el ámbito de actuación, destaca la gran acumulación de vehículos, unos 500 en el aquel momento. La mayor parte de ésta superficie está destinada al almacenamiento fuera de uso, disponiendo además de oficina de 12 metros cuadrados y almacén de repuestos de vehículos de unos 190 metros cuadrados”. De los 13.000 metros cuadrados utilizados para desarrollar la actividad, “solamente la superficie del almacén se encuentra con solera de cemento. El resto de la superficie destinada a la actividad en este enclave, carece de los requisitos establecidos legalmente para este tipo de actividad; una parte de los vehículos están sin descontaminar; un gran número de los vehículos depositados contienen residuos peligrosos que no han sido eliminados, observándose vertidos sobre el suelo” informa la Apmun.

Así mismo, la Apmun informa en 2010 que la actividad se lleva a cabo en suelo rústico de protección paisajística, no siendo conforme con la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Valverde.

En 2012 el Seprona apersonado en el lugar informa que “una explanada de unos 14.000 metros cuadrados” en la que se acumulan ya “unos 600 vehículos depositados en suelo sin impermeabilización, produciéndose vertidos de los líquidos de éstos vehículos, los cuales son desguazados para retirar piezas para su posterior venta”.

En esa misma fecha, Nieves Padrón, técnico del Ayuntamiento de Valverde, emite un informe manifestando que conforme al PGOU el suelo está clasificado de suelo rústico de protección paisajística y la actividad ejercida por Fernando Gutiérrez sería un uso no permitido.

Finalmente en noviembre del 2013, y mediante Auto judicial dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Valverde, se acordó la medida cautelar de clausura del centro de desguace, así como el precinto de la zona y maquinaria empleada por dicha empresa.

La Asociación Canaria de Desguaces y la Asociación Cultural Ossinissa, personados como acusación particular, califican los hechos como un delito continuado contra los recursos naturales y Medio Ambiente de los artículos del Código Penal 325, 326, 326 bis y 327, en relación con el artículo 74. Y solicita se imponga la pena de 7 años de prisión y una multa de 14 meses a determinar en base a la cuantía económica del acusado.

El relato de la acusación particular coincide en que “Fernando Gutiérrez, con la colaboración de políticos y funcionarios adscritos al Cabildo de El Hierro, asumió el servicio de recogida y gestión de los vehículos fuera de uso (VFU) sin contar con la autorización administrativa preceptiva, y sin cumplir con los requisitos técnicos y admintistrativos, produciendo enterramientos y vertidos de residuos peligrosos que han producido daños irreversibles en un paraje natural protegido”.

La acusación particular considera que “debido a la regulación legal de la actividad de gestión de VFU Fernando Gutiérrez no era capaz de desarrollar la actividad ilícita sin la colaboración de los funcionarios implicados, ya que al no constar con la autorización administrativa no tenía acceso a los Certificados de Destrucción que el Gobierno de Canarias ponía a disposición de los Centros autorizados y que se encontraban debidamente numerados”.

Dichos certificados eran necesarios para conseguir la tramitación de la baja del vehículo ante la Jefatura de Tráfico de Tenerife ya que el usuario tenía que hacer entrega de su viejo vehículo a un centro autorizado, éste le emitía el Certificado de Destrucción y dicho certificado se configuraba como requisito para la tramitación de la baja del vehículo ante la Jefatura de Tráfico.

“Desde 1999 a 2005 el acusado desarrolló su actividad en terrenos cedidos por el Cabildo de El Hierro, en El Majano, suelo rústico de protección paisajística, recogiendo vehículos de cualquier lugar de la isla con el camión del Cabildo. Una vez allí, con total desprecio por el medio ambiente, procedía al despiezado de los vehículos y aprovechamiento económico de los repuestos, derramando los residuos al suelo permeable, no contando con zona de descontaminación”, exponen la Asociación Canaria de Desguaces y la Asociación Cultural Ossinissa, en su escrito como acusación particular.

En 2005 el acusado continuó con la misma actividad en un terreno anexo al del Cabildo de El Hierro, “donde continuaba realizando el compactado de parte de los vehículos gestionados sin previamente despojarlo de los componentes peligrosos tales como baterías, aceites, agua refrigerante, líquidos de freno, mercurio, amianto, ácidos, etc”, además “como la compactadora pertenecía a una empresa de Las Palmas y no se encontraba siempre a disposición del imputado, el resto de los vehículos, los que no se compactaban, fueron enterrados incluso sin descontaminar bajo los cimientos y en los alrededores del punto limpio de El Majano, los cuales se pueden observar a simple vista inspeccionando el lugar, todo ello haciendo uso de la maquinaria del Cabildo de El Hierro”.

La acusación popular considera que estos hechos se desarrollan con la autorización y complicidad de Fabiola Ávila, técnico de residuos del Cabildo de El Hierro; Aniceto Javier Armas, director del área del Cabildo de El Hierro; y Claribel González, consejera de Medioambiente del Cabildo de El Hierro.

“En su condición de funcionarios y políticos consiguieron la colaboración de la Jefatura de Tráfico, que aceptaba documentos emitidos por el Cabildo, firmados por Aniceto Javier Armas y Claribel González, haciendo constar falsamente que los vehículos se encontraban en instalaciones de recepción de vehículos fuera de uso a pesar de la inexistencia de tales instalaciones”, señala la acusación popular.

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