Redacción/Los sindicatos UGT, CCOO, SLTA y CGT han convocado Huelga Legal para todos los trabajadores pertenecientes a la empresa Babcock Mission Critical Servicies España SAU en todas sus bases y centros de trabajo y que prestan, entre otros,  servicios con Helicópteros en materia de prevención y lucha contra incendios forestales, servicios de emergencias y protección civil, aduanas.

Pilotos, tripulantes HEMS, rescatadores, sanitarios y operadores de medios tecnológicos se han visto obligados a convocar huelga y luchar contra la dirección de la empresa BMCS España para proteger sus derechos y su salario, frente a una abusiva propuesta de reducción de entre un 13% y un 30% y evitar de esa manera la grave lesión que pretende llevar a cabo la empresa en sus derechos. 

Empieza con paros parciales a partir del día 20 de mayo de 2019 y continuará endureciéndose durante todo el verano y hasta que se resuelva el conflicto. Se verán afectados entre otros los servicios que se prestan en materia de salvamento marítimo para SASEMAR, las campañas de extinción de incendios comprometidas con el Ministerio de Fomento y Comunidades Autónomas y los servicios de protección civil y emergencias sanitarias y aduanas.

 

Babcock MCS España forma parte de la compañía británica Babcock International Grou, quien pese a anunciar unos beneficios multimillonarios en su resumen de cuentas anuales de 2018, cuentas publicadas en su página web que describen el año 2018  como un “año completo de progreso” y aumentar los dividendos de sus accionistas en un 5%, pretende reducir hasta un 30%las percepciones económicas de los trabajadores en España.

El Grupo Babcock se enfrenta pues a un escenario de conflictividad único en su historia, pues todos los sindicatos con implantación en BMCS España han convocado huelga que además se extendido, a los técnicos de mantenimiento adscritos a otra empresa del Grupo, en concreto Babcock Fleet, quienes a través de su Comité de Empresa también ha convocado huelga.

Hasta el momento la dirección de Babcock en España se ha mostrado reticente a cualquier tipo de negociación y acercamiento. Tampoco se ha alcanzado acurdo alguno en el establecimiento de los servicios mínimos.

Desde los sindicatos convocantes se ha solicitado la intervención de la Administración con el objetivo de hacer entrar en razón a la empresa cuyos principales ingresos provienen de los concursos públicos de prestación de servicios.

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