Redacción/El Gobierno canario y los ayuntamientos de El Hierro ha analizado las políticas sociales llevadas a cabo en la isla, en un encuentro que ha tenido lugar hoy en la sede del Ayuntamiento capitalino y en el que han participado la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez, y el director general de Derechos Sociales, Javier Bérmúdez, y los responsables de esta área de los ayuntamientos de Valverde, La Frontera y El Pinar para tratar las actuaciones a seguir en materia de políticas sociales en El Hierro. Los municipios herreños contarán este año con una partida dentro del Plan Concertado que asciende 431.851,88 euros, un 25,2% más que en 2021.
“La financiación de los servicios sociales comunitarios es esencial para garantizar la atención de las personas y familias que peor lo están pasando, especialmente tras la crisis socioeconómica generada por la Covid-19 y la actual situación de conflicto bélico que está suponiendo un incremento en los precios de las bolsas de la compra y de productos básicos”, aseguró la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez, en el transcurso de la reunión.
Martínez hizo alusión al esfuerzo realizado por el Ejecutivo canario para incrementar la financiación de los servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables de la isla durante esta anualidad. De los 431.851,88 euros destinados a El Hierro, un total de 167.184,98 euros irán destinados al ayuntamiento de Valverde; 151.166,57 euros a La Frontera y 113.500, 33 euros a El Pinar.
A través del Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, se garantiza la cobertura financiera de los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.
