Redacción/El Área de Desarrollo Local, ofreció en la noche de ayer jueves, 15 de marzo, una charla informativa a los empresarios del municipio con el objetivo de acercarles las novedades que podrían afectarles con la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Una de las novedades, la obligatoriedad de inscribirse en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público para ciertos procedimientos.

El acto, que contó con la presencia del Alcalde y concejales del equipo de gobierno, fue introducido por la concejal, Susana Pérez, quien expresó la necesidad de que se conozcan los aspectos más relevantes de esta Ley, sobre todo cómo se van a desarrollar a partir de ahora las licitaciones públicas para que las empresas del municipio puedan acceder a las mismas.

Uno de los requisitos que la Ley pide para poder optar a obra pública es el que los empresarios, que quieran participar en el proceso de licitación abierta simplificada, han de estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público, o registro equivalente de las Comunidades Autónomas; para inscribirse la Ley establece un plazo de seis meses desde su entrada en vigor.

Un requisito imprescindible que tendrán que tener en cuenta todas las empresas que quieran concurrir a la licitación. El concejal de Obras y Servicios, Marcos Antonio Casañas, ha destacado la importancia de esta charla que ha querido dar a conocer a todos los sectores que tienen relación con la administración, sobre todo en el área de su competencia, obras y servicios, el sistema de contratación y de adjudicación a partir de ahora.

La charla, impartida por la técnica de Desarrollo Local, ha estado estructurada en tres bloques y ha mostrado, además de las importantes modificaciones que la norma introduce en los modelos de contratación, algunas instrucciones a los asistentes sobre cómo pueden inscribirse en el Registro de Licitadores de Canarias, y las claves para la elaboración de una licitación pública.

La norma, que pretende garantizar una mayor trasparencia, modifica entre otros los contratos menores, tanto la cuantía como el plazo; sólo pueden ser contratos menores aquellos que no superen la cantidad de 40.000 euros, en el caso de contratos de obras y 15.000 en el caso de suministros o servicios, con un plazo que no supere el año.

Una de las preguntas realizadas por los empresarios en el trascurso de la charla ha sido referente a la tramitación electrónica; las empresas que liciten tendrán que utilizar este medio para gestionar cualquier licitación, tanto presentar las propuestas por este medio como las facturas correspondientes.

Para cualquier duda que se les plantee a los empresarios del Municipio de La Frontera, el Ayuntamiento pone a su servicio el Departamento de Desarrollo Local, al objeto de que el tejido empresarial esté lo más informado y formado posible para que puedan optar a obra pública.

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