Por Armando Hernández Quintero
Un grupo de españoles, muy notables todos ellos, que han desempeñado importantes cargos en la administración pública, han publicado un comunicado en el que se defiende la figura histórica del rey emérito, y su importancia en la restauración de la democracia. Hasta ahí todo muy bien, cada cual puede defender a quien considere conveniente, El problema se presenta cuando se intentan callar las voces que critican la conducta del rey emérito esgrimiendo la presunción de inocencia, un principio sagrado del derecho, como un arma para silenciar a los que tienen una opinión diferente.
En primer lugar se debe aclarar que el rey no necesita estar protegido por la presunción de inocencia porque él esta blindado desde el punto de vista legal por la propia constitución, o lo que es lo mismo, él se encuentra al margen de las leyes y estas no lo pueden afectar ya que no es imputable, sin que se tenga que tener en cuenta, ni tenga importancia, el supuesto delito que haya podido cometer. En segundo lugar, él no está siendo juzgado, ni ningún tribunal español tiene abierta una causa procesal contra su persona, y tercero, la única manera de poder juzgarlo sería cambiando la constitución, algo que por ahora, dada la correlación de fuerzas políticas en el congreso, es imposible, y en el caso negado de que lo fuera, solamente se le podría juzgar por los delitos cometidos después de que se hubiese elaborado la reforma constitucional, pero nunca por los que hubiera cometido antes de ella, ya que es de sobra conocido que las leyes no tienen carácter retroactivo.
Lo expuesto hasta ahora nos hace pensar que lo que se quiere, o por lo menos se ha pretendido, es acallar las críticas a la conducta real y a su falta de transparencia, y eso tiene que ver más con la información veraz, a la que todos los ciudadanos deberíamos tener obseso sin restricciones, que con el derecho civil, mercantil o penal. Por lo tanto, muchos españoles piensan, con toda la razón, que la complicidad y el silencio informático que ha prevalecido durante años es algo que ha ocasionado mucho daño a la salud de la democracia, ya que ha permitido que hayan persistido en el tiempo conductas condenables desde los puntos de vistas legales y éticos, pues la sociedad civil ha ido asumiendo, como si fuera un axioma, que el comportamiento real, y el de los políticos, no solo tiene que parecer legalmente y éticamente irreprochable, sino que tiene que serlo.
La mejor defensa que se puede hacer de la democracia es permitir la libre circulación de la información y la crítica veraz, el dotarla de leyes justas, y la aplicación del estado de derecho en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.
La presunción de inocencia tiene que ser válida y tenerse en cuenta para todos, no puede ser posible que existan ciudadanos que hayan pasado varios años en la cárcel y después se les declare inocentes, o que se les condene y hayan estado varios años en prisión por presuntos delitos que los tribunales europeos consideran que no existieron. Todo ello ante el más absoluto de los silencios de parte de muchas personalidades que, debido a los altos cargos que han desempeñado y a su relevancia e importancia social, deberían hacerlo denunciado, o por lo menos señalado y criticado, pensando siempre en la buena salud de la democracia y en el bien de todos los españoles. Si eso se hubiera hecho, probablemente no estaríamos en un país donde un juez abra una causa e investigue a un vicepresidente que también es diputado y esta aforado, aunque la policía no encuentre pruebas, y que por el hecho de estar aforado, su caso, si el juez considera que hay delito, tenía que haberse remitido al Tribunal Supremo.
Si los silencios cómplices no estuvieran presentes lo más probable es que no se estuviera imputando a unos periodistas por investigar la fortuna de los herederos de un dictador que algunos califican de genocida. Pero parece que esas evidentes anomalías no se consideran importantes ni dignas de ser por lo menos denunciadas, probablemente por pensarse que los afectados carecen de la suficiente importancia y relevancia social.
Si no se hubiera permanecido tanto tiempo en silencio, no se le hubiera hecho tanto daño a la corona como institución, al mismo rey Felipe VI y a su familia, y seguramente en estos momentos la averiguación que se está llevando a cabo de las supuestas cuentas que el rey emérito tiene en Suiza, no se estaría realizando por no haber motivos para ello, y en el caso de que los hubiese, la investigación seria vista por los ciudadanos como algo normal y propia del buen funcionamiento de una democracia.
Armando Hernández Quintero
El Pinar de El Hierro, 05-09-2020
Comentarios