Redacción/Los concejales del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de La Frontera, han mostrado su rechazo a la aprobación de la Ordenanza reguladora de prestaciones económicas para situaciones de necesidad aprobada por el Ayuntamiento de La Frontera, el pasado jueves, 5 de octubre, en el Pleno de la corporación municipal, por considerarla “deficiente”.
La propuesta contó con los votos favorables de AHI y PSOE, la abstención de Asamblea Herreña y el voto en contra del PP.
Según han informado los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Frontera, Johan González y Atilano Morales, estos votaron en contra de la propuesta del Gobierno (AHI) por entender que “presentaba importantes defectos y nuestras propuestas de modificación fueron todas rechazadas” señalan los concejales del Partido Popular.
El Partido Popular realizó las propuestas de modificación, qué fueron apoyadas por la concejal de Asamblea Herreña, “pero todas ellas fueron rechazadas por el grupo de gobierno (AHI) con la abstención del PSOE” expresan.
En concreto, los populares proponían que el tiempo mínimo de empadronamiento para solicitar una ayuda pasase de 6 meses a 1 año para crear arraigo en el municipio; Que al primer incumplimiento por uso indebido de las ayudas se les retire de manera temporal 1 año, y en caso de una nueva reincidencia se retire de manera definitiva; Que los supermercados entreguen al ayuntamiento el expediente de compra completo, para evitar el fraude de utilizar el bono, realizar posteriormente devolución de algunos artículos y adquirir otros no subvencionables; Que en caso de deceso de una persona sin recursos y sin seguro no se tenga en cuenta a los familiares con recursos si no tienen trato entre ellos. “Sorprendentemente, aparece reflejado que, si hay familiares con recursos, aunque no tengan trato, el ayuntamiento no asume los costes del deceso” aseguran desde el PP.
Así mismo, el PP solicitaba que los Servicios Sociales vigilen la concesión de ayudas sociales, un hecho que siempre genera malestar vecinal en un municipio en el que “todo se sabe” y pedimos que se investigue a aquellas personas beneficiarias de ayudas sociales con ingresos extras no declarados cuando se tenga conocimiento de ello, y poder centrar así los recursos económicos en las personas y familias realmente necesitadas.
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