Por Miguel Concepción.
En Octubre del año 2020 fui condenado, junto a varios miembros de mi familia, por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Tenerife, la a la pena de 23 meses de prisión y al pago de 3,9 millones de euros por un delito continuado de estafa agravada. Ese delito se refería a la actividad comercial de la compañía Islas Airways.
La acusación estaba basada en que Islas Airways ofrecía descuentos especiales a sus viajeros sobre la tarifa oficial, que estaba subvencionada y el Ministerio de Fomento alegaba que los mismos descuentos tenían que realizarse sobre la parte referida a la subvención. Esta interpretación afectó no solo a Islas Airways, sino a otras importantes compañías aéreas españolas que aplicaban las mismas políticas sobre sus billetes y que tuvieron que pagar, como nosotros, el monto total de las deducciones no efectuadas sobre la tarifa subvencionada. Ningún responsable de esas compañías, a día de la fecha, ha sido enjuiciado y condenado.
Desde el primer momento, como responsable de la Islas Airways, procedí al abono de las cantidades que reclamaba el Ministerio de Fomento como defraudadas. En el momento en que se abrió juicio contra mí, se había reparado la totalidad de la cuantía económica que la Fiscalía consideraba defraudada, por lo que entendí que se había reparado el daño económico causado por esa diferencia de interpretación en la aplicación de las subvenciones.
El recurso que mis servicios jurídicos presentaron ante el Tribunal Supremo se basaba en que el tribunal había ditado una sentencia de condena más grave que la había que sido acordada con la Fiscalía al inicio del juicio, en la que se incluían cantidades procedentes de una extrapolación por muestreo calculada por unos peritos de la Dirección de Aviación Civil que nada tenía que ver con la cuestión de los descuentos de los billetes a los pasajeros.
Como es obvio, no me cabe más que acatar la confirmación efectuada por el Tribunal Supremo de la sentencia de la Audiencia Provincial, contradictoria del acuerdo que se alcanzó con la Fiscalía, pero a través de este comunicado anuncio que presentaré recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, al entender que se han vulnerado mis derechos fundamentales.
Lamentablemente, Islas Airways -que propiciaba la competencia área en Canarias- ha sido la única compañía área contra cuyos directivos se ha actuado para exigir responsabilidad personal.
Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento a tantas personas e instituciones que a lo largo de este calvario judicial me han mostrado su apoyo y su solidaridad.