Por Raúl Acosta Armas.
La vivienda es fundamental para que cualquier persona pueda desarrollar una vida plena. Sin un techo no tendríamos nuestras necesidades más básicas cubiertas.
Y este problema no era tal problema para nuestros abuelos, salvando las distancias de las enormes dificultades que tuvieron que atravesar en su momento y del tiempo que nos separa de aquella generación.
Hago esta afirmación después de una reflexión de un vecino, D. Juan Domingo Febles, que de una forma mayéutica desarrolló su idea a partir de preguntas que me llevaron, sin casi darme cuenta, a la conclusión. Comenzó preguntándome cuántos mayores de 70 años en la isla conocía que vivieran de alquiler. Mi respuesta fue que a priori no conocía a ninguno. Luego continuó como un profesor inquisitivo que ya sabe la respuesta y me cuestionó si nuestros abuelos heredaban todos una casa o la construían; por su tono picaresco entendía que iba con trampa la pregunta, porque si bien es cierto que alguno heredaría propiedades es incuestionable que la mayoría de familias antes tenían muchos hijos y que no había una vivienda en herencia para cada uno. Una vez le respondí, me dijo: “Bueno, la gente mayor entonces tiene su casa, no la heredaron y tenían menos recursos que nosotros ahora, peores empleos y menor cualificación, ¿Cómo puede ser posible?” Ahí no hizo falta que yo dijera nada más, en ese momento fue él quien contestó, muy seguro de sus palabras. Me dijo que antes construir una casa no conllevaba gastarnos en papeleo miles de pesetas, los materiales eran más baratos y en muchas ocasiones se construía por fases gracias a amigos y familiares. En cambio, hoy para poner el primer bloque hemos tenido que gastarnos dinero en un proyecto, su correspondiente tasa por la obtención de la licencia y todo esto sin contar si hemos tenido que comprar el suelo.
No cabe duda de que el amigo Juan Domingo tiene razón en su análisis. El problema de la vivienda viene dado por tres simples factores, burocratización del proceso constructivo hasta obtener la licencia, aumento de los costes de los materiales y falta de suelo ordenado que permita construir. Este resumen muy escueto de un problema de mucho más calado nos demuestra que nuestros abuelos pudieron emanciparse y tener un techo en el que comenzar su proyecto de vida. En cambio, los jóvenes de hoy casi nos tenemos que resignar a heredar.
Las políticas de vivienda pública son un fiasco hasta ahora y las medidas iniciadas por el Gobierno Central solo han redundado en meter miedo a los propietarios, que no alquilan sus propiedades y las destinan al alquiler vacacional. La Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda y las modificaciones que impone en la Ley de Enjuiciamiento Civil supone que, de facto, un propietario que quiere desahuciar a un inquilino que no le paga, en la isla de El Hierro, con el tiempo de media de resolución que tiene el Juzgado, implica más de un año de tortuoso procedimiento judicial si ese inquilino solicita asistencia jurídica gratuita y situación de vulnerabilidad. En esos casos, los derechos que tiene el demandado obligan a que se reúna una comisión para resolver si le dan la asistencia jurídica gratuita y también se solicita por el Juzgado un informe al Ayuntamiento del lugar de empadronamiento para determinar si la persona está en situación de vulnerabilidad. Si lo está, el procedimiento puede llegar a suspenderse, aunque esto también varía si estamos o no ante un gran tenedor (si eres persona física el que ostenta la titularidad 5 viviendas ubicadas en zona residencial tensionada, más de 10 o más de 15 viviendas en territorio del Estado) tal y como recoge el artículo 439 de la LEC.
El resumen de esta normativa es que parece que en vez de proteger a los dueños de las viviendas y ayudar a los vulnerables, quieren echar a pelear a unos contra los otros. Los propietarios desconfían de los posibles inquilinos y estos tienen unas normas que en algunos casos y con malas artes usan para prolongar una situación de impago, prevaliéndose una norma que en su espíritu pretende proteger a los más indefensos, pero que por el camino ocasiona que algunos propietarios se vuelvan vulnerables cuando dejan de percibir sus ingresos por alquiler del que en muchos casos complementan sus rentas para vivir.
El riesgo de arrendar a un inquilino fijo es alto por contra, el alquiler vacacional no comporta este riesgo y encima suele ser más rentable, aunque muchos no quieran este tipo de arrendamiento porque supone una mayor carga de trabajo.
Acabar con el problema de la vivienda solo se puede hacer gracias a políticas que hagan aumentar el número de viviendas en el mercado, solo con la oferta el precio se reducirá. Los inventos de políticas que controlen los alquileres solo conseguirán el resultado contrario, un aumento de precios. Ya se ha demostrado allí donde se ha experimentado (Barcelona o Berlín). El único caso excepcional que la limitación del precio del alquiler surte efecto en una reducción de precios es en Austria, que tiene un parque público de vivienda de más del 20%, en cambio, en España es del 1% y en Canarias del 0,2%. Con una oferta tan grande como en Austria si el gran arrendador que es el Estado decide bajar precios condiciona a toda la competencia para que también lo hagan, en cambio, en España con ese porcentaje residual, topar precios solo constriñe más la oferta aumentado precios o retirando casas del mercado.
La vivienda y los alquileres bajarán de precio cuando hay más viviendas en el mercado inmobiliario. Es así de simple y así de difícil. Cualquier medida que vaya dirigida al control de precios, en un sistema de libre mercado como el que tenemos, estará destinada al fracaso y lo único que hará es agravar el problema.
Por eso, desde el Parlamento de Canarias queremos impulsar diferentes medidas legislativas para facilitar que las familias puedan acceder a una vivienda, reduciendo los plazos para la obtención de licencia o dando más agilidad a los ayuntamientos con su planeamiento. No podemos esperar dos años para obtener una licencia ni 20 años para cambiar un planeamiento obsoleto.
El problema de la vivienda es muy complejo y tenemos que afrontarlo desde diferentes enfoques y administraciones. También desde los Cabildos, que ya tienen competencias en materia de vivienda y deben comenzar a ejecutar promociones, tal y como propusimos en los presupuestos de la Corporación insular de El Hierro y que el grupo gobernante rechazó.
Vivienda, más vivienda y más vivienda. Esa es la clave.