Por Raúl Acosta Armas.
Canarias lleva casi dos años sufriendo en solitario la desidia del Gobierno de España y del resto de comunidades autónomas, que han mirado para otro lado a la hora de ayudar en la mayor crisis migratoria de nuestra época
La última y fehaciente prueba la hemos tenido con el fracaso de la conferencia sectorial de Infancia, celebrada este lunes 5 de mayo, entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas.
La isla de El Hierro recibió en el año 2024 más de 24 mil migrantes, de los cuales más de mil fueron menores de edad. El Hierro recibió algo más de la mitad de los migrantes que arribaron a Canarias, siendo la puerta de entrada de la mortífera ruta atlántica. ¿Esto importó a alguien? Seguramente, cuando algunos lean estas líneas se escandalizarán con la dureza de las palabras, pero no podemos poner paños calientes en lo que ha sido una de las mayores traiciones para nuestra tierra.
España se configuró en 1978 como un Estado autonómico donde la solidaridad entre las Comunidades era un principio constitucional básico. Pero a la hora de la verdad, la solidaridad ha tenido que imponerse por Ley ante la falta de voluntad.
Comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, con más de dos millones de habitantes y con apenas 290 menores, ha manifestado que sus recursos están saturados; en cambio, El Hierro, con tan solo unos 11.000 habitantes, ha tenido en su residencia de Valverde a más de 250 niños, niñas y jóvenes.
A su vez, cuando comenzó la crisis, Canarias tenía una veintena de centros y ahora tiene más de ochenta. Centros que acogen en solitario a casi seis mil menores en algunos momentos, menores que tienen que comer, aprender, formarse y tener un futuro y que nosotros, siendo una de las Comunidades más empobrecidas y con más desventajas estructurales, no podemos ofrecer.
Del dinero de los canarios y canarias han salido, de recursos públicos, la friolera de 150 millones de euros que todavía el Estado no ha compensado en su totalidad, mientras nosotros seguimos afrontando los muchos retos que tiene esta tierra por delante con mucho menos recursos. Aunque lo que nos duele no es ayudar a esa gente que huye de la miseria, la guerra o el hambre, sino de ver como nuestros propios conciudadanos nos olvidan como si este “problema” no fuera con ellos.
¿Imaginan que pasaría si Valencia o Baleares, de la noche a la mañana, se vieran con cinco pateras diarias como le ha pasado a La Restinga? Desgraciadamente, solo somos un número, un número que no molesta, y ejemplo de ello es La Restinga, puerto de la vergüenza de las promesas incumplidas de una Administración General del Estado incapaz, por decisión propia (no por falta de recursos o personal), de darle un halo de esperanza y ayuda a quienes más han colaborado en esta crisis: ese pueblo marinero que sin chistar ha tendido su mano solidaria hasta que tuvo que decir BASTA, porque ya hace mucho tiempo que se aprovecharon de nuestra bondad y de nuestra solidaridad.
Los canarios/as y los herreños/as tenemos una lección que aprender, solo juntos y unidos importaremos en España; de lo contrario, somos un parche a sus problemas, ese territorio de ultramar en el que contener ese flujo migratorio que casualmente menguó por el Estrecho y creció por el Atlántico en lo que dura un vuelo de Madrid a Rabat.
Si Canarias tuviera cuatro diputados nacionalistas, a nadie le quedaría duda que esto se hubiera arreglado hace más de un año, como sí se hizo con las peticiones catalanas como la Ley de Amnistía, que pasó de inconstitucional o imposible a ley. El Gobierno de Canarias se pasó más de un año rogando que la modificación de la Ley de Extranjería para el reparto de menores se hiciera por Real Decreto porque era la herramienta más rápida, dijeron que no se podía, que no se tenían los apoyos y un sinfín de excusas. Año y medio después, y gracias a que fue precisamente el Gobierno de Canarias quien propuso las modificaciones normativas y aglutinó los apoyos de Junts o el PNV, hoy Canarias tiene una norma que obliga al resto de las insolidarias comunidades a recibir y atender, como ha hecho Canarias, a esos niños y niñas.
La inmigración o la financiación autonómica son el vivo ejemplo de cómo el Estado nos mira como ese lejano territorio africano del que nace un problema y se queda con él. Por eso, la aprobación de este Real Decreto es una victoria que sabe a fracaso, porque no nace del convencimiento de hacerse por el interés general de los canarios y canarias y de esos jóvenes migrantes, sino por las necesidades partidistas de unos pocos.
Esta amarga victoria nos muestra lo poco que importamos y lo que es peor, cómo nos la quieren hurtar por la puerta de atrás gracias a trapisondas propias de trileros, como es modificar el procedimiento para la determinación de la edad y endurecerlo más para retrasarlo y que sean más tiempo el que estarán en Canarias, o no acatando la decisión del Tribunal Supremo para acoger a los 1.008 menores que podrían solicitar el asilo por parte del Estado como es su obligación y competencia.
El reparto de los menores es la victoria que nos pone ante el espejo de nuestras necesidades, que es la de tener una representación sólida del nacionalismo canario en las Cortes Generales.