Por Alfredo González Hernández.
Hablar y negociar con otros partidos en un sistema democrático es sano y necesario. No debería ser criticable ni ser rechazada la comunicación y los acuerdos si se hacen entre partidos que defiendan la convivencia social y cumplan los mínimos que una democracia exige.
El carácter independentista de un partido no debería ser un obstáculo para que la comunicación, el acuerdo y la convivencia parlamentaria se produzcan. Se debe asumir que es perfectamente lícita la defensa de la ideología independentista siempre que se actúe dentro del marco de la Constitución y del ordenamiento jurídico, reconociéndose la libertad de conciencia como derecho fundamental de las personas a tener sus propias convicciones morales y éticas.
Junts per Catalunya es un partido democrático y legal, de ideología conservadora e independentista, con el que podemos discrepar y que hasta podría producirnos rechazo moral, pero no por ello podemos negarle el derecho al juego democrático, a poder concertar acuerdos políticos con otros partidos, eso sí, con la necesaria transparencia. Es la grandeza de la democracia.
Siendo Junts un partido legal con representación parlamentaria, hay que resaltar que su máximo representante, Puigdemont, se encuentra huido de la justicia española al haber sido condenado por el Tribunal Supremo por malversación agravada y desobediencia durante el procés catalán y pendiente de poder ser amnistiado, lo que hace que existan continuas polémicas cuando se pretenden establecer acuerdos entre este partido y otros no independentistas. Criminalizar la negociación directa con Puigdemont por su situación legal y no hacerlo cuando se hace a otros niveles de Junts no deja de ser una anécdota de cara a la opinión pública, porque los efectos van a ser los mismos.
Entrando en el asunto que quizás despertó el interés de este artículo, que es la visita de dirigentes de la AHI a Puigdemont en Waterloo, en relación al cada vez más cercano debate parlamentario del proyecto del Parque Nacional Marino del Mar de Las Calmas, no debiera resultar inaceptable la visita per se, ya que en realidad el acuerdo que se haya podido formular se habría hecho legítimamente y que se materializará con el pronunciamiento de los diputados y senadores independentistas en las cortes en el sentido que desea la AHI.
La licitud democrática del encuentro y del acuerdo tal como se ha publicado es incontestable. Lo que sí podría parecer esperpéntico y por ello criticable son las formas irresponsables que se han utilizado. Hacer que una reivindicación licita, aunque sin sustento jurídico, se realice con la parafernalia propia de un acto de propaganda como el que se ha montado en Waterloo, con profusión de imágenes y declaraciones, favorece solo a Puigdemont, no favorece ni a la AHI ni a El Hierro. Estas acciones políticas deben realizarse con discreción e inteligencia, so pena de hacer el ridículo por hacer prevalecer el efecto mediático a la seriedad de la negociación.
Se ha comentado que los acuerdos políticos con otros partidos se deben hacer con transparencia. Con Junts mucho más, por su carácter independentista y excesivamente exigente, con tintes de chantaje muchas veces. En el caso de la negociación de la AHI sobre el Parque Nacional Marino hay una incógnita que no se ha aclarado, no se sabe si intencionadamente: ¿qué postura final adoptarán en la votación al proyecto del Parque los diputados y senadores de Junts en el supuesto de que no sean atendidas las exigencias de la AHI sobre el modelo de gestión del Parque, teniendo en cuenta las manifestaciones de Puigdemont claramente favorables a la creación del mismo, calificando el proyecto como muy importante para el futuro de la isla?
Al margen del acuerdo con Junts ¿qué harán la diputada y senadores de CC?
Mención aparte merece el PP. El partido conservador ha mantenido hasta ahora una postura contraria y confusa a la creación del Parque Nacional, siguiendo la estela sinuosa de la AHI. Justifica su negativa, casi exclusivamente, en que la gestión del Parque la lleve el Estado y no el Cabildo. Es la postura absurda de un partido estatal con aspiraciones a gobernar el país, pero que muestra tan poco interés en la defensa y el respeto a las competencias estatales. En un intento de diferenciarse de la AHI, el PP se muestra hipócritamente alarmado por la visita en Waterloo a un encartado por la justicia, pero no se cansa de pedir acuerdos y apoyos a una moción de censura al partido que tiene por presidente al mismo personaje.
Por último, invitamos al senador Javier Armas y a su partido a reflexionar sobre su papel ante la historia renunciando a un Parque Nacional Marino y a los beneficios económicos, medioambientales y de imagen internacional para la isla por un asunto comparativamente de menor importancia como es quien debe gestionar el Parque, desconociendo que la procedencia de los fondos necesarios para su creación y funcionamiento son el Estado y la Unión Europea, y que la voz y las opiniones de las administraciones locales y estamentos sociales de la isla están garantizadas.