Por Juan Jesús Ayala.

Freud retomando una expresión de Goethe, escribe que no hay nada más difícil de soportar que una sucesión ininterrumpida de tres días muy buenos; hay que llegar deprisa, sin pausa alguna.

La desesperación no sería considerada como un extremo de la desgracia o del abatimiento depresivo del suicida; es más bien el ciclo contrario, el grado cero de la esperanza, la ausencia de perspectiva.

Y la esperanza infunde cierto temor, Spinoza en la Éica ya nos comenta, "no hay esperanza sin temor, ni temor sin esperanza". Por otro lado, y en el afán de encontrar apoyos argumentales al mencionado anteriormente por Freud, Jules Renard, escribe, "no deseo nada del pasado; ya no cuento con el futuro, el presente me basta. Soy un hombre feliz".

O sea, la desesperación nos lleva no a proyectarnos, no a dinamizarmos en el tiempo, sino a acortar los tiempos, a mirar ni a mañana, ni a otro día. Desesperadamente, se proyecta uno mejor sobre sí mismo.

No cabe duda que habrá personas que puedan ahorrarse la desesperación, que intenten volver al pasado, recrearse en él y verse proyectado en un futuro que pretenden reconstruir hasta con las mismas imágenes y verse de nuevo reflejados en páginas nuevas, y no en aquellas que quedaron atrás, sepultadas por la memoria del tiempo.

Con la desesperación lo que se obtiene es la ausencia de frustración y la patología que puede venir asociada al no obtener el objetivo. Vivir con desesperación es legar al momento, atraparlo y sacarle todas las consecuencias y las potencialidades que pose, y que el mérito, si es que hay alguno, está en encontrarlas, en saber buscarlas.

Vivir en la desesperanza puede ser bueno; de momento es la moda. Veremos si se consolida, si se extiende en el tiempo y no cede a las presiones del nihilismo que está tocando a su puerta con el puño de una historia pasada que intenta descomponer las piezas de la personalidad para modelarlas a su antojo; y para hacer de las voluntades un paradigma de una sociedad tambaleante.

La voluntad, y recordando a Schopenhauer, puede ser el motor que impulse al ser humano más allá de sus vivencias cotidianas y sea forjadora de un hombre nuevo, con sus ventajas e inconvenientes No se sabe.

Al final de todo, de elucubraciones en un sentido u en otro de filósofos y de sociólogos refleja que legar a un diagnóstico certero de la realidad social se hace complicado, pero al menos las evidencias nos hacen pensar que el ser humano esta en una encrucijada plena de ambigūedades, que hace se deje conducir por los trampeantes de la verdad que apremian a que lo que haya que hacer se haga hoy y no dejarlo para mañana. Mañana será demasiado tarde.

Por Juan Jesús Ayala.

Esta constitución, que nunca llego a aprobarse redactada por Emilio Castelar, fue la primera propuesta constitucional de la historia política española que trataría de buscar una solución al problema territorial del Estado.

Tras la abdicación de Amadeo I, el Congreso y el Senado proclamaron la I República, que motivo que los líderes centristas liderados por Pi y Margal, que había substituido al presidente del poder ejecutivo, Estanislao Figueras, decidieran que había que construir una República Federal que elaborase una Constitución Federal. La cual no tuvo la oportunidad de implantarse porque los poderes fácticos pusieron en práctica las maniobras que secularmente han desarrollado para subvertir el orden institucional o todo aquello que pudiera comprometer los intereses de las clases dominantes.

Y lo hicieron al lomo del caballo del general Pavia que junto con algunos guardias civiles asalto el Congreso (como si fuera una premonición de lo acaecido el 23- F de 1981) poniendo la república bajo mando militar hasta el pronunciamiento del general Martínez Campos que proclamo rey a Alfonso XII.

Una anécdota significativa fue que quien trasmitió la orden al general Pavia que Castelar había dimitido y quetenía que ponerse manos a la obra fue el Ministro de Ultramar, marqués de Muni, el canario León y Castillo.

Esta constitución federal, que fue abortada, tenía una idea para resolver el problema territorial de la nación española y avanzaba hacia un contrato Confederal que diera satisfacción a todas aquellas peticiones de los diferentes territorios que la componían.

Así, en su artículo I se lee: "Componen la nación española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, la Vieja, Cataluña, Extremadura, Cuba, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia y Vascongadas".

Todo este recordatorio viene a cuento por la problemática suscitada en la actualidad por las exigencias territoriales de Cataluña y Euskadi, a las que se podrían dar respuesta no solo a estas, sino al resto de las autonomías, mal llamadas nacionalidades (término que no dice nada, y sí naciones) para evitar asimetrías territoriales irreconciliables.

El mapa que han definido las siete constituciones españolas no es una foto fija, las vicisitudes históricas han resuelto las dificultades, unas por las buenas y otras por las malas. Pero si se volviera la mirada hacia la solución confederal, nadie tendría que rasgarse las vestiduras porque no habría frustración alguna ante el avance pretendido de unos y el retroceso de otros. Todos los territorios tendrían los mismos derechos y acatarían un Contrato común confederal.

Tomar ejemplo de aquella constitución que un caballo montado por la insurrección de un general mando’ al traste, daría solución a la preocupación que se vive, y, además, no sería ajeno a lo que acontece en el confederalismo de la Unión Europea, reflejado en el Tratado de Lisboa.

En este momento político que se está desarrollando con la cuestión catalana y las exigencias de sus políticos nacionalistas que decididamente van hacia el camino de la construcción de un Estado catalán y que lo que se logrará será un confederalismo asimétrico, con la aquiescencia de otros nacionalismos que tienen más razones históricas para ir , al menos, por esa misma senda, como el canario, seguimos a la espera de lo que va a acontecer cuando en este ámbito tienen la ocasión de poner en práctica esa exigencia confederal…

La historia de los pueblos nunca se ha construido desde la contemplación, ni aun subiendo al monte Focida para que el oráculo de Delfos nos diga que hacer Va. Mucho más allá.

Por Raúl Acosta Armas*.

La primera vivienda es uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad. Sin techo, ni hay emancipación, ni hay futuro 

El pasado 12 de enero asistí a un interesante curso organizado por el Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro bajo el título “Oportunidades de futuro en la Ordenación Territorial de la isla de El Hierro. La aplicación de la Ley de Islas Verdes” en el salón de plenos del Ayuntamiento de La Frontera. Este curso tiene su base en la Ley 14/2019, de 25 de abril, de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma (en adelante, “Ley de Islas Verdes” o “Ley 14/2019”).

Cuando se promulgó la famosa “Ley de Islas Verdes”, muchos creyeron que bajo el espíritu que ya la Ley 6/2002, de 12 de junio perseguía “permitir un modelo turístico alternativo al de la urbanización turística de litoral, que se sustente en la puesta en valor del paisaje como recurso y dé respuesta a las demandas que con relación a estos modelos plantea el mercado” y “establecer los mecanismos suficientes para el traslado al mundo rural de parte de las economías que se generan por la actividad turística, en la cuantía necesaria para el mantenimiento, conservación y mejora del paisaje”, El Hierro junto con La Palma y La Gomera verían un crecimiento económico notable y una mejor preservación de su entorno rural. De hecho, el artículo 2 de la Ley de Islas Verdes fija en sus dos primeros apartados dentro de sus fines: a) La consecución de un modelo territorial basado en el uso racional y duradero de los recursos naturales. B) La incorporación del suelo rústico al desarrollo económico y social, mediante su utilización como soporte de la actividad turística.

Hablando en castellano y resumiendo, el legislador quería una norma que permitiera un desarrollo turístico respetuoso con el medio y que a su vez pudiera dar un complemento a las actividades del sector primario, consiguiendo así explotaciones más rentables y con ello una protección del modelo territorial. En definitiva, democratizar los réditos del turismo para que llegaran a más personas. 

Viendo los fines de la norma, me parecen del todo loables, sobre todo ahora que la mayoría de las fincas están en manos de herreños que tienen sus propias explotaciones y que, por tanto, verían como en sus fincas pueden, sin romper con una estética paisajística, tener un complemento de ingresos. Esto supondría para muchas familias herreñas un plus de renta que ayudaría y dinamizaría la economía. 

Sin embargo, esta norma mal llevada a la práctica podría suponer la destrucción de nuestro suelo rústico, darle alas a la especulación urbanística, aumentar nuestros problemas de conectividad por el exceso de demanda y agravar nuestro problema de vivienda residencial, entre otros.

Aunque este tema puede traer muchas variables, me voy a detener en este artículo solo en la vivienda habitual y bajo esta reflexión que compartí en la charla con los presentes. “Es posible que veamos como nuestros padres pueden poner en sus fincas, gracias a la Ley de Islas Verdes, instalaciones turísticas, mientras sus hijos no tienen acceso a una parcela donde poder edificar su primera vivienda”. 

Y esa reflexión la entronco con lo dicho por el diputado del Común, D. Rafael Yanes, quien expuso en un extenso informe extraordinario sobre la situación de la vivienda en Canarias, desde una perspectiva social, que en las islas solo hay un 0,96% de viviendas públicas sociales, por un 2,5% en el conjunto de España y un 9,3% en la Unión Europea. El Sr. Yanes instó a los partidos políticos a un gran acuerdo en torno a la vivienda, que en su opinión es el problema social más grave de Canarias, ya que se necesitan 46.000 viviendas públicas sociales en diez años.

Es decir, tenemos un gran problema con la vivienda, que probablemente la Ley de Islas Verdes, cuando comience a aplicarse en la práctica (cuestión que no deja indiferente a nadie con Cabildos y Ayuntamientos con opiniones contrapuestas) supondrá un aumento del alquiler vacacional, menos vivienda en alquiler tradicional y por ende, menos oferta de vivienda para su alquiler, aumentando así el precio de las rentas. Esto, unido a las reticencias de los propietarios de alquilar como vivienda habitual por las diferentes normas que han salido del Estado para garantizar una serie de derechos a los inquilinos, así como la mayor rentabilidad del alquiler vacacional, generarán un problema mayor del que tenemos. Ya no solo serán los profesionales liberales que vienen a trabajar a las diferentes administraciones en la mayoría de los casos; serán los propios herreños y herreñas quienes tendrán que esperar a heredar para emanciparse. 

Ante esto, ¿qué hacer? Por suerte tuve el placer de conversar en muchas ocasiones con D. Cayo Armas quien, con su sabiduría, talante y lógica, me dio una de las claves para resolver el problema de la vivienda en la isla. Me dijo que en El Hierro la vivienda debería ser como había sido, cada uno con su casa donde mismo tuviera su explotación agrícola o ganadera. Porque la idiosincrasia de la isla es así, no nos imaginamos vivir en El Hierro en bloques de apartamentos, salvo contados casos, la mayoría de la isla vive en casas terreras donde suele tener una finca, un huerto o su explotación. Forma parte de nuestro acervo histórico y cultural, y por tanto, mientras podamos desde el punto de vista medioambiental y demográfico mantenerlo y preservarlo, debería ser así. 

Ese anhelo de D. Cayo Armas ayudaría sin duda a paliar parte de los efectos de la falta de vivienda, serviría para recuperar potencial agrícola o ayudar al tan ansiado relevo generacional. Y esto no es una utopía, es una posibilidad de nuestro urbanismo y comunidades como Aragón ya lo tienen contemplado en su ordenamiento. Por lo tanto, Canarias podría aspirar a una modificación de su norma que permita que en suelo no urbanizable o rústico que no tenga una especial protección, se pueda desarrollar vivienda habitual, siempre con unas características bien definidas, una clara explicación sobre quién debe promover los servicios básicos (agua, luz, alcantarillado…) y lógicamente, que sea destinada a vivienda habitual sin posibilidad de conversión a otros usos como el turístico. 

La Constitución en su artículo 47 declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, sin embargo, los poderes públicos y las administraciones no estamos facilitando el acceso a un derecho tan básico. Dejemos de tener derechos de papel y comencemos a dejar hacer. 

*Raúl Acosta Armas, diputado del Parlamento de Canarias por la Agrupación Herreña Independiente (AHI).

Por Juan Jesús Ayala.

El gobierno de Canarias lleva tiempo solicitando con insistencia ante el gobierno del Estado un mando único en inmigración debido al desmedido aumento de los flujos migratorios en Canarias, que alcanza el 70 % de lo que entran en todo el territorio español, con una cifra de 40.000 donde 500 son menores no tutelados lo que supone una serie de dificultades para los traslados, así como para el reparto de estos menores que no sea opcional, sino obligatorio entre el resto de las Comunidades.

Ante esto, el Consejo de Ministros aprobará próximamente la creación de una Comisión Interministerial de Migraciones que estará presidida por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Y sobre este tema de migraciones hay que reseñar que el Congreso en su sesión del día  10, el gobierno presentó para su aprobación tres decretos leyes que como no fueron del agrado de Junts según su portavoz Mirian Nogueras pudieran poner en un brete desagradable al gobierno de Sánchez, teniéndolo en vilo hasta ver si se aprobase determinadas cuestiones, que al fin lo fueron por 172 votos a favor y 171 en contra y con la abstención de los 7 diputados de Junts, sobresaliendo, sobre todo, una cuestión que puede concernir a Canarias, referente que a Cataluña se le trasfiera las competencias y delegación sobre la inmigración, la cual una vez que se aprobó será enmarcada dentro de una Ley orgánica que se debatiera en el parlamento y que tendrá que ser apoyada por mayoría absoluta.

Si en ese momento que fue sorpresivo, la diputada de CC, Cristina Valido, se vio obligada a votar positivamente porque se trataban juntamente otras cuestiones en ese mismo decreto de carácter social que no se podían eludir, aun siendo su voto decisivo. Pero lo que si está claro que en sucesivas votaciones que se den aún en la tramitación de la citada Ley orgánica tendrá su voto suma trascendencia, por lo que en vez de mencionar como ha hecho el portavoz del gobierno de Canarias que habrá que esperar a leer la letra pequeña de ese decreto donde se le trasfiera las competencias de migración a Cataluña, me parece una protesta menor y de poca enjundia política, cuando lo que tendría que hacerse es exigir como lo va a hacer el PNV y como lo debe hacer CC; y lo de la letra pequeña si vale de algo es saber por donde discurre los capítulos de esa ley Orgánica, pero que llegue al gobierno de Sánchez   que CC, según dijo Fernando Clavijo, será no la llave sino el llavín, por lo que ante lo que pueda acontecer que lo ponga a funcionar, que lo engrase para estar a punto de lo que debe hacer cualquier nacionalista consecuente y más aún ante el problema tan peliagudo que soporta Canarias en el marco de la migración.

Cuando se actúa con firmeza, exigiendo ni más ni menos que lo que el gobierno ha propuesto para Cataluña en ese decreto, es lo menos que se debe hacer.

Estamos en una política de trueque, te doy si tú me das. Y en la cuestión de la migración está claro lo que debemos pedir y si no lo conceden, el gobierno central deberá atenerse a las consecuencias.  No hay otra.

Además, tanto el artículo 149 de la vigente Constitución como el 150  aclara que el Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas mediante ley orgánica facultades correspondiente a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación.