Redacción/El Senado aprobó ayer, miércoles, con el apoyo de los dos grupos mayoritarios de la Cámara Alta, PP y PSOE, una moción presentada por el senador de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Javier Armas, en la que insta al Gobierno de España, a la elaboración de un nuevo modelo de reparto que optimice la cuota de la Tuna asignada a España.
La propuesta de AHI solicita se recoja en mejor medida los criterios de la UE en cuanto a premiar la pesca artesanal de la Tuna.
Según ha explicado Armas, con el actual sistema de reparto de cuotas, en España se han dejado de capturar 6.600 toneladas de Tuna en los últimos cuatro años, algo que sucede debido a que las cuotas asignadas a los grandes capturadores no se llegan a cubrir, y son los pequeños pescadores quienes lo hacen, lo que evidencia, un grave problema de falta de aprovechamiento del recurso y un grave perjuicio para las flotas que más deberían beneficiarse según establece las órdenes europeas, flotas más sostenibles, más artesanales y que más respetan el medio ambiente.
Pese a que en 2023 se estableció una modificación que buscaba subsanar un error que había provocado perjuicios muy considerables, a la flota canaria en concreto, que en ocasiones vio parada su actividad por haber llegado al tope de capturas ya desde abril, mientras a otras pesquerías le sobraba cuota a final de año, lo que puede llegar a provocar la reducción de la asignación que tiene el país en cuanto a la captura de ejemplares, señala Armas.
“Con todo ello, la flota canaria, al ser puramente artesanal, no puede planificar sus capturas como lo hacen los cerqueros. Además, depende de las fluctuaciones de los flujos migratorios propios de la naturaleza, lo que supone rachas malas donde el atún casi no pasa por esas aguas con otras muy buenas que compensen esas malas para alcanzar una media necesaria para la viabilidad”, explica el senador herreño.
Desde la AHI, consideran que las cuotas asignadas a España como estado miembro para la captura de la Tuna no ha sido efectiva, esta orden no optimiza los recursos disponibles, no garantiza la estabilidad de las pesquerías, no garantiza las recomendaciones europeas de sostenibilidad y pone en peligro el mantenimiento de la cuota asignada a España por la UE.
