Redacción/El portavoz de la AHI en el Ayuntamiento de Valverde, Julio Reboso, señalo en la tarde de ayer durante el Pleno de la corporación capitalina la posible comisión de un delito de prevaricación por parte del grupo de Gobierno (PSOE-Concejales no adscritos) que llevaba para su aprobación un reconocimiento extra judicial de crédito de 230.000 euros, con reparo suspensivo de la intervención. 

El reconocimiento fue aprobado con el voto de calidad del Alcalde y los votos a favor del grupo de Gobierno, (3 PSOE - 2 Concejales no adscritos) tras contar con los votos en contra de la Agrupación Herreña Independiente (3) y Partido Popular (2). 

Se trata de un reconocimiento extra judicial de crédito por 230.000 euros, correspondiente al pago de facturas 15 facturas, del ejercicio 2022, con reparo suspensivo de la intervención y una advertencia de los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento, que advierte de que se incurre en la nulidad de pleno derecho de las mismas. 

Según Reboso, los informes recogen que los técnicos de institución “no han tenido conocimiento de los encargos correspondientes a las facturas relacionadas, ni se ha recibido orden de realizar seguimiento de los mismos, por lo no se puede prestar conformidad sobre estos”.

“No se acredita la idoneidad y eficiencia del contrato, así como la selección de la oferta económica más ventajosa, eso pone en todas las facturas” apuntó Reboso.

“Nunca había visto un expediente tan complejo y con tantos reparos, todas las facturas tienen un reparo suspensivo de la intervención y una advertencia de los servicios jurídicos de este Ayuntamiento” expresó Reboso.

El portavoz de la AHI, equiparo el procedimiento traído al Pleno por el grupo de Gobierno (PSOE-Concejales no adscritos), con el que fue objeto de la denuncia presentada por el propio PSOE contra su compañero de partido y ex alcalde de Valverde, Daniel Morales, por la contratación mediante adjudicación directa de varios contratos por no quedar acreditada la idoneidad de los contratos, ni la determinación del precio, reiterando las advertencias de nulidad realizadas por los informes de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valverde y que se  ha saldado con la reciente condena de Morales a 13 años de inhabilitación especial para el desempeño de cargo público. 

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“A Daniel Morales se le denuncio por contratar el sonido de los conciertos de la Bajada de La Virgen y que lo hiciera por separado, por el fraccionamiento del contrato al pasar de los 15.000 euros el total de los conciertos” aseguró el portavoz de la AHI.

Según Reboso existen muchas similitudes entre el expediente que termino en la condena de Morales y el que ha traído el PSOE al Pleno de la corporación, por lo que pregunto directamente durante el Pleno, al alcalde accidental Carlos Brito, la idoneidad de la propuesta traída al plenario.

“Creen que es lógico que el mismo partido (PSOE)que ha denunciado a un compañero, le pida hoy a los concejales de la AHI, que voten a favor de lo mismo por lo que han denunciado a su compañero” apuntó Reboso.

“No se les ha ocurrido denunciarse así mismos, por los contratos de la fiesta de La Concepción, por que el sonido y la iluminación de estas fiestas supero en mucho más, lo que se gasto Daniel Morales en toda la Bajada” aseguró el portavoz nacionalista.

En este sentido, Reboso aseguró que su partido no emprenderá acciones legales en contra del procedimiento llevado a cabo, “este partido no les denunciará, pero entienda que si esto llega a los tribunales, no vamos a sentarnos con ustedes”. 

“Los responsables de este expediente no somos nosotros, quienes tienen que responder ante los empresarios por la tardanza del pago y ante la justicia por presunta prevaricación son ustedes” sentencio Reboso.

Por su parte, la concejal de grupo de Gobierno Rosana González (PSOE), zanjó la cuestión, justificando que la única intensión del la corporación municipal con la aprobación del expediente, era pagar las facturas de servicios y suministros “que se han prestado debidamente a esta administración”, al tiempo que reconoció que en el conjunto de los procedimientos “algunos no se han llevado como tenían que llevarse” por distintas circunstancias.