Amado Carballo Quintero*.
El Ayuntamiento, el municipio, constituye la primera instancia de socialización institucional para la ciudadanía. Ofrecer una visión vertical donde las instituciones toleran y, en su caso, autorizan las más básicas acciones e interacciones humanas, es pretender amparar una idea de la Administración como algo ajeno, algo “extramuros a la democracia”; donde la sociedad se ordena de arriba abajo; donde unos solicitan y obedecen y otros deciden y sancionan.
Pero la Ordenanza Reguladora de la Convivencia de Frontera no solo viene cargada de esta visión autoritaria y rancia del espacio público, sino que, más allá de su descuidada, vaga y farragosa redacción, propone una generalidad en los conceptos sancionatorios que permite multar a cualquiera casi por cualquier cosa y, al mismo tiempo, autorizar graciosamente esos mismos comportamientos a través de decisiones arbitrarias especialmente de los representantes públicos. Un texto que recuerda a una mala copia de la sociedad futurista de “Demolition Man”.
Una ordenanza que propone expresamente “limitar el derecho” «a comportarse libremente en los espacios públicos del término municipal» a través de importantes multas que sancionan conductas constantemente inconcretas, acciones como «hacer un uso impropio de los espacios públicos», no observar «en todo momento el debido civismo y compostura», la estancia o el «uso abusivo» del espacio público, “bañarse en zonas de baño”, estar “parcialmente desnudo” en tu casa, realizar fiestas «que exceden de lo tolerable», practicar «juegos espontáneos al aire libre», el consumo de refrescos en la calle «deteriorando la tranquilidad del entorno»…
¿Y quién decide qué molesta y qué no? ¿Quién decide qué es “un uso abusivo” del espacio público? ¿A qué establecimientos se hace responsable de lo que hacen sus clientes y a cuáles no? ¿Qué es estar “parcialmente desnudo” en tu propia casa? ¿Quién decide a quién y por cuanto se multa? No es admisible crear un entorno moralista, punitivo y sancionador cuando ni siquiera está claro qué se multa y por qué… Ni a quién.
Porque las cosas se hacen por algo, y ese algo se nos presenta bastante turbio en esta ordenanza de Frontera. ¿De verdad se pretende fomentar la convivencia instando a los vecinos a denunciar de forma anónima a otros vecinos porque sus niños están jugando en la calle? ¿O más bien se pretenden utilizar las carencias sociales del Ayuntamiento para estigmatizar y criminalizar a un determinado tipo de personas? ¿Quiere Frontera generar un chivo expiatorio con “el diferente”? ¿De verdad alguien cree que los problemas de convivencia o de integración que puede haber se solucionan excitando la xenofobia y la estigmatización, y no con medidas de presencia, prevención, integración social y educación?
Las añejas alusiones al decoro y a la compostura o a la pulcritud social muestran claramente esa actitud homogeneizante del espacio público, incluso de permisividad hacia lo que se considera propio sustentado como medio de defensa contra lo diferente, contra “los otros”, la multiculturalidad y la libertad, es decir, todo lo contrario de lo que se supone debería garantizar una ordenanza de convivencia, que debe fomentar una ciudadanía tolerante, responsable y crítica que no está dispuesta a convertirse en un rebaño que pastorear, multar y ordenar a cambio de echarle la culpa a un enemigo imaginario.
En resumen, las Instituciones no crean los problemas sociales. Pero pueden solucionarlos o agravarlos. La ordenanza de Frontera, como hemos visto, no solo no fomenta la convivencia, sino que abre paso al camino del enfrentamiento, de la intolerancia y de la exclusión, y lo hace a través del peaje de la inconcreción, de la arbitrariedad y el punitivismo selectivo.
Es momento de reflexionar sobre el futuro. Porque si algo hemos aprendido de otros lugares y otros tiempos, es que algunos caminos y algunas formas de hacer política son muy difíciles de desandar. Y que la convivencia ciudadana es algo demasiado importante como para utilizarla de forma partidista.
*Amado Carballo Quintero, consejero de Derechos Sociales, Bienestar Social y Dignidad Personal del Cabildo de El Hierro.
