La Isla

Redacción/El diputado herreño y presidente del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Juan Manuel García Casañas, ha preguntado hoy, al presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, por las líneas y planes para mejorar las conexiones marítimas y aéreas entre las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera con el resto del archipiélago.

García Casañas señaló la importancia de mejorar las conexiones para impulsar la economía de El Hierro y no limitar el crecimiento económico insular.

Durante su intervención, el diputado herreño enfatizó en la urgencia de mejorar las conexiones para poder impulsar la economía entre islas y terminar así con los problemas de horarios y desplazamiento que afectan a los transportistas y pasajeros. “No podemos permitir que nuestros transportistas tengan que adaptarse a desajustes en sus horarios por las conexiones deficientes que tenemos”.

García Casañas también señaló la urgencia de mejorar las infraestructuras portuarias para garantizar el crecimiento de la demanda y frecuencias en El Hierro. “Cualquier solución que se plantee con el Puerto de Los Cristianos u otras opciones alternativas no debe limitar nuestro crecimiento y las demandas de los herreños en frecuencias y número de barcos”.

“El Partido Popular de El Hierro sigue apostando por implementar mejoras en estos servicios de forma inmediata para equilibrar el ritmo de vida de todos los canarios del archipiélago y también para impulsar la economía mediante un cumplimiento óptimo de horarios y servicios entre islas”, ha explicado el diputado herreño del PP

Redacción/La portavoz de Coalición Canaria (CC), en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha reclamado hoy, viernes, al Gobierno de España que actúe “sin más perdida de tiempo y con la mayor agilidad posible”, para retirar del muelle de La Restinga, los cayucos para su desguace y los residuos de estas embarcaciones.

Valido cuestiona que se haya permitido el desguace de cayucos en el puerto, “si puede afectar a la salud de la población y al propio medio natural”.

La diputada nacionalista traslada, así, la petición de los vecinos de El Hierro para retirar los residuos contaminantes del puerto pesquero tras escuchar a los vecinos de esta localidad de El Hierro, en una reunión celebrada el pasado 15 de febrero.

Valido preguntó a los ministerios de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y de Transición Ecológica “por qué se han permitido actividades altamente contaminantes e insalubres en un espacio protegido y habitado de escasas dimensiones, puerta de entrada a la reserva natural del Mar de las Calmas, y qué directrices y plazos hay para trasladar estas labores. El desguace de estos cayucos se realiza en una zona de tránsito peatonal y de ocio público. 

Según Valido, la situación de los cayucos varados en La Restinga es una de las peticiones más necesarias que trasladaron los vecinos de esta localidad herreña durante el encuentro del pasado sábado, donde Valido se comprometió a “impulsar todas las medidas técnicas que sean necesarias para que los vecinos puedan recuperar zonas comunes de ocio y vida social habituales”. 

La diputada canaria ha trasladado al Gobierno de España que, “desde que se inició la incesante llegada de cayucos, sostenida e incrementada en los últimos dos años, no solo La Restinga ha perdido buena parte de su pequeño puerto y modo de subsistencia, sino que se han venido conviviendo con la contaminación de residuos generados por los cayucos y su desguace, una actividad encargada por el Estado a la empresa pública Tragsa sin que pueda explicarse que este trabajo se esté ejecutando en el mismo muelle y en la pequeña playa anexa”.

“Malos olores, insalubridad y contaminación acústica han acabado con la higiene y la paz de la localidad pesquera a la que llega la mayoría de los cayucos. Hay exceso de ruidos, muchos desechos e incluso restos de fibra contaminante que se esparcen en aire y agua con la toxicidad que ello conlleva”, señala Cristina Valido.

Valido considera “incomprensible” que este tipo de desguaces se haga en una zona habitada y en espacios más frecuentados por la población de La Restinga. “Se trabaja a escasos metros de la cofradía de pescadores, que es visita diaria para la comercialización del pescado fresco, además de estar cerca del espacio de baño más seguro para pequeños y mayores y, también de manera inexplicable, justo encima de la toma de aguas de la depuradora que dirige luego el agua depurada al resto de la isla”. 

“Sin duda, es un disparate ecológico y contaminante que no se puede explicar teniendo como máximo responsable al Estado de una amenaza para el medioambiente, las personas y la pesca”, señala Valido.

“En la destrucción de los cayucos se liberan partículas en suspensión que son inhaladas por las personas, con el consiguiente riesgo para el sistema respiratorio, sobre todo en las personas que sufren problemas respiratorios anteriores”, señala Valido.

La diputada ha exigido al Gobierno de España que “de inmediato se exija a Tragsa el traslado de los cayucos desde su llegada y su posterior desguace a zonas deshabitadas y no en el muelle de La Restinga porque el Estado debe proteger a la población y a también a sus aguas, no olvidando la calificación de Reserva Marina que el mismo Estado también debe proteger cuando se valora una figura de mayor protección futura para la que están en marcha procesos de participación con los vecinos del lugar”.

Redacción/El diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, ha trasladado hoy, a la comisión de Turismo y Empleo del parlamento de Canarias, la demanda de trabajadores y empresarios de El Hierro para que el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SEMAC) tenga presencia en la isla.

La Consejería prevé habilitar comparecencias telemáticas para evitar desplazamientos.

Acosta ha señalado la posibilidad de establecer un equipo que, con una frecuencia reglada, pudiera atender los expedientes en la propia isla.

Durante su intervención, el diputado herreño resaltó la importancia de la mediación y conciliación laboral como herramientas clave en sociedades maduras para la resolución de conflictos. “Los servicios de mediación y conciliación no solo presuponen un ánimo de alcanzar acuerdo, sino que, de manera subsidiaria, permiten aliviar las cargas de la administración de justicia”.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2023 se llevaron a cabo 182 conciliaciones colectivas en Canarias, que involucraron a 211.000 trabajadores. “Si bien es cierto que la mayoría se concluyó sin acuerdo (122), en 28 casos sí se logró una resolución, beneficiando a 29.000 trabajadores. Esto significa que se evitaron muchos procedimientos judiciales, lo cual no es poco”, explicó Acosta.

“Las islas no capitalinas, y particularmente El Hierro, no tienen acceso a este servicio en la propia isla. Quienes deciden recurrir a él o quienes tienen la obligación de acudir al SEMAC deben presentarse en la sede de Tenerife”,  algo que según Acosta, dificulta el ejercicio de un derecho fundamental tanto para trabajadores como para empresarios, así como para los propios asesores laborales y abogados laboralistas, y contradice el objetivo principal del SEMAC, que es agilizar la resolución de conflictos laborales. “Eso entorpece el ejercicio de este derecho y aboca a los afectados a unos trámites que hacen más complejo y largo la resolución de los expedientes, precisamente lo que se quiere combatir con estos órganos”.

Acosta instó al Gobierno de Canarias a valorar la creación de un equipo volante que permita el acceso al SEMAC en El Hierro con una periodicidad establecida, garantizando que los ciudadanos de la isla no se vean discriminados en el acceso a este servicio esencial.

Por su parte, la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, anunció que, dentro del proyecto de la Dirección General de Trabajo denominado “Simplificación administrativa y tecnológica de los actos de conciliación” y con el fin de acercar el SEMAC a las islas no capitalinas, la Consejería prevé habilitar la comparecencia telemática en los actos de conciliación para evitar desplazamientos y garantizar así un acceso equitativo a la resolución de conflictos laborales en todo el archipiélago.

Redacción/El Senado ha aprobado por unanimidad de todos los grupos, en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, una moción presentada por el senador herreño, Javier Armas, de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), que insta al Gobierno de España a mejorar la asistencia sanitaria y consular para los ciudadanos españoles residentes en Venezuela.

La moción ha sido apoyada por el PP, e incorpora las enmiendas presentadas por los grupos PSOE y Vox.

En concreto, la moción pide solicitar al Gobierno, la ampliación del actual convenio con la Fundación España Salud (FES), para incluir a todos los ciudadanos españoles mayores de 65 años en Venezuela que carecen de pensión y no tienen cobertura sanitaria suficiente; implementar medidas para acelerar la resolución de expedientes pendientes, asegurando una atención más eficiente a los españoles necesitados de atención sanitaria en Venezuela;  evaluar las necesidades consulares en Venezuela y estudiar la posible adaptación de la red consular en el país para mejorar los servicios prestados a la comunidad española; el aumento de las partidas presupuestarias necesarias para que todos los españoles en Venezuela puedan acceder a cobertura sanitaria; impulsar las modificaciones normativas que correspondan sobre el régimen de prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en el exterior y los retornados.

Asimismo, se solicita agradecer la labor altruista de los cónsules honorarios que han desempeñado sus funciones en los diferentes estados de Venezuela. 

El senador herreño ha señalado que la aprobación unánime de esta moción refleja el compromiso de todos los grupos políticos con la mejora de la situación de los españoles en Venezuela, un país donde la comunidad española y canaria enfrentan grandes desafíos. “Es un paso importante que todos los grupos parlamentarios se hayan unido a esta iniciativa, demostrando que la solidaridad y la justicia social son valores que deben prevalecer en nuestra acción política”. 

“El bienestar de nuestros compatriotas en Venezuela es una prioridad”, señala Armas.