Redacción/La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido tres años y medio de cárcel para el exconsejero del Medio Rural y Marino y Recursos Hidráulicos del Cabildo de El Hierro Juan Pedro Sánchez (AHI), al considerar que podría ser responsable de un delito contra la ordenación y prevaricación urbanística por la ampliación de una pista en suelo protegido.
En la causa también están imputados dos ingenieros.
Sánchez actualmente es consejero y portavoz de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) en la institución insular y primer teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Valverde.
En esta causa, que se juzgará del 7 al 10 de octubre en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, también están imputados dos ingenieros, y a uno de ellos la Fiscalía pide 4,5 años de cárcel por los mismos delitos más el de negociación prohibida y otros tres años y medio para el otro técnico.
La Fiscalía también solicita para cada uno de ellos hasta 11 años de inhabilitación.
La Fiscalía cree que los tres en 2019 procedieron “con claro y evidente incumplimiento de las normas urbanísticas aplicables, y conocimiento de que la misma no se trataba de un acondicionamiento» a la construcción de una pista nueva asfaltada en la mayoría de su trazado, «totalmente desproporcionada a la realidad agrícola de la zona”.
El Ministerio Público dice que la actuación consistió en la construcción de una vía sobredimensionada a las necesidades y pretendidas finalidades agrícolas del enclave y que discurre por Suelo Rústico de Protección Agraria, según el Plan General de Ordenación (PGO).
Las obras realizadas, señala la Fiscalía, dio lugar a un nuevo acceso rodado, donde anteriormente únicamente había un sendero en el primer tramo, y una vereda de paso después en un enclave diferente a donde se ha construido la pista.
El proyecto de 169.000 euros fue tramitada por la vía de cooperación interadministrativa, y, por tanto, sin necesidad de calificación territorial previa y se habría iniciado a petición de los vecinos, entre los que se encontraba uno de los ingenieros acusados.
La Fiscalía sostiene que en este tipo de suelo se prohíben las pistas y caminos de nuevo trazado, excepto casos justificados, recuerda que el PGO no contemplaba la actuación, que este tipo de obras son inviables de forma general cuando transcurre por suelo rústico y tampoco se permite en una pendiente superior al 12%.
“Por tanto, la actuación proyectada y ejecutada no resulta autorizable ni legalizable, especialmente al carecer de la necesidad, proporcionalidad y vinculación de la construcción a la actividad agrícola existente en la zona”, indica el fiscal.
Al acusado número uno se le atribuye haber propiciado de forma interesada, ya que es propietario de unos terrenos, la obra para lo que recabó firmas y gestionó el proyecto.
Al exconsejero se le considera el responsable máximo como autoridad pública desde el inicio de la tramitación de expediente, a la contratación de la redacción del proyecto.
Al tercero encausado se le atribuye haber omitido deliberadamente determinados requisitos y falsear otro para ejecutar la obra, como decir que la nueva actuación discurría sobre una ya existente.
