Redacción/El Gobierno canario y los ayuntamientos de El Hierro ha analizado las políticas sociales llevadas a cabo en la isla, en un encuentro que ha tenido lugar hoy en la sede del Ayuntamiento capitalino y en el que han participado la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez, y el director general de Derechos Sociales, Javier Bérmúdez, y los responsables de esta área de los ayuntamientos de Valverde, La Frontera y El Pinar para tratar las actuaciones a seguir en materia de políticas sociales en El Hierro. Los municipios herreños contarán este año con una partida dentro del Plan Concertado que asciende 431.851,88 euros, un 25,2% más que en 2021.
“La financiación de los servicios sociales comunitarios es esencial para garantizar la atención de las personas y familias que peor lo están pasando, especialmente tras la crisis socioeconómica generada por la Covid-19 y la actual situación de conflicto bélico que está suponiendo un incremento en los precios de las bolsas de la compra y de productos básicos”, aseguró la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez, en el transcurso de la reunión.
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Martínez hizo alusión al esfuerzo realizado por el Ejecutivo canario para incrementar la financiación de los servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables de la isla durante esta anualidad. De los 431.851,88 euros destinados a El Hierro, un total de 167.184,98 euros irán destinados al ayuntamiento de Valverde; 151.166,57 euros a La Frontera y 113.500, 33 euros a El Pinar.
A través del Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, se garantiza la cobertura financiera de los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.
