Redacción/El Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (Fecam) han suscrito en la mañana de hoy el acuerdo-marco que permitirá iniciar la tramitación del Programa de Empleo Social 2022-2023, por un importe de 30 millones de euros, con el objetivo de facilitar la empleabilidad de las personas con menos recursos, en exclusión social y paradas de larga duración en Canarias. El Plan prevé la creación de 2.800 puestos de trabajo.
El acuerdo fue rubricado por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres; la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, y la presidente de la Fecam y alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito. En el acto también estuvieron presentes, el presidente de la Comisión de Formación y Empleo de la Fecam y alcalde de Valverde, Antonio Chinea y Macarena Fuentes, vicepresidenta de la Fecam y alcaldesa de Los Silos.
Para esta anualidad, se incrementa la partida económica en cinco millones de euros para el Programa de Empleo Social 2022/23, que pasa de 25 a 30 millones de euros; del total de 42 millones de euros previstos para el Plan Integral de Empleo de Canarias durante 2022. Los empleos que genera este programa tienen una duración máxima de un año y se destinan a la realización de obras o servicios de interés general y social, a partir de los proyectos de empleo presentados por los ayuntamientos.
El Hierro contara con una ficha económica global de 544.000 euros, distribuidos entre los tres ayuntamientos de la Isla, Valverde contará con 198.639,18 euros, mientras que La Frontera, dispondrá de 183.719,25 euros, el municipio de El Pinar, percibirá 164.581,20 euros para el Programa de Empleo Social 2022/23.
El presidente canario, valoro de muy importante la firma de este acuerdo marco, “sobre todo para familias en una situación muy difícil”. El presidente subrayó la relevancia de que, en esta ocasión, se hayan adelantado los plazos del programa. “No es sencillo poner de acuerdo a 88 municipios y hacerlo con equilibrio entre los más poblados y los de menor población, pero se ha logrado y es una prueba de un magnífico trabajo de la consejería y los ayuntamientos” a través de la Fecam.
En su opinión, se trata de un plan de empleo “fundamental, pues da respuesta inmediata a los que vienen a los consistorios pidiendo empleo y recursos”. El jefe del Ejecutivo destaca que más del 50% de los contratados han de ser mujeres y que se prima a los que cobran la PCI o tienen discapacidad, por lo que se siguen criterios de justicia social en concordancia con los ayuntamientos, la Fecam y el Servicio Canario de Empleo.
Por su parte, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo de Canarias y presidenta del Servicio Canario de Empleo (SCE), Elena Máñez, recordó que este programa “sirve para emplear a colectivos que de otra manera están en un riesgo importante de quedarse fuera definitivamente del tejido productivo y además somos muy conscientes de que resulta mucho más complicado acceder al mercado laboral que mantenerse en él una vez logrado un puesto de trabajo, aunque sea temporal”.
La presidenta de la Fecam y alcaldesa de Candelaria, María Concepción Brito, indicó que “es un honor firmar este plan 2022-23 porque se dirige a muchas familias que lo necesitan para paliar situaciones de pobreza” y recalcó, que este Plan llegará a 2.800 personas, en su mayoría parados de larga duración o de difícil encaje en el mercado laboral. “No se puede alcanzar la inserción social sin inserción laboral: son dos políticas activas imprescindibles y estas requieren de la cogobernanza entre el Gobierno de Canarias, por ser el competente en materia de empleo, y los ayuntamientos, que gestionan los servicios sociales”.
A su juicio, nunca ha habido una coparticipación entre estas administraciones como la que está habiendo en esta legislatura y destacó también el hecho de que, como novedad, en esta ocasión se pueda contratar durante 6, 9 y 12 meses, y no solo 6 meses, tal y como pasaba antes, así como que se deba incorporar al 30% de beneficiaros antes de que termine este año 2022. Para Brito, se trata de cambios en la línea correcta, por lo que agradeció al presidente Torres “su sensibilidad en materia social y de políticas de empleo, así como a la consejera de Economía por su disponibilidad para alcanzar el acuerdo más adecuado para los municipios”.
Las contrataciones con cargo a este programa se dirigirán preferentemente a personas con familias que no superen el 80 por ciento del Iprem (indicador público de renta de efectos múltiples) por persona, paradas de larga duración o consideradas en riesgo de exclusión social por los servicios sociales de cada municipio. También se priorizará la contratación de personas con discapacidad y, siempre que sea posible, más del 50 por ciento de las personas contratadas serán mujeres, dado el desequilibrio que sigue existiendo hoy en día en el mercado laboral.
Las personas que estén interesadas en participar en el programa deben cumplir una serie de requisitos, con el fin de garantizar que las contrataciones cumplen con su finalidad principal, como es promover la integración social.
Con el fin de que los 2.800 puestos de trabajo que se prevé financiar con cargo al programa tengan el impacto más transversal posible en la sociedad, se aplicará el criterio de rotación y no repetición, es decir, no haber participado en los últimos 12 meses en ninguna política activa de empleo ni planes de empleo social del SCE en que haya sido subvencionada la contratación de la persona desempleada, salvo que fuera por un periodo inferior a seis meses. En esta anualidad, podrán participar en el programa más de una persona por núcleo familiar, a no ser que, una vez satisfechas todas las solicitudes, queden plazas por cubrir en los proyectos subvencionables.
