Por Roque del Pozo.
Tras la muerte de Francisco Franco, el 29 de diciembre de 1978 se aprobó la vigente Constitución, estableciéndose en su título III la estructura, composición y funciones de las Cortes Generales.
Los llamados padres de la Constitución, cuando legislaron, permitieron el acceso al Congreso de los Diputados de partidos políticos de cualquier ámbito e ideología, no previendo que dejaban un portillo expuesto para ser asaltado por afanes de tortuosos postulados.
No se imaginaban —y quizá sea mucho suponer— que por esa abertura se colarían partidos de ideario independentista o separatista. Y eso que ya blandían espadas los anhelos de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), quien, desde su creación (1931), busca febrilmente la independencia y la unión cultural y lingüística de los llamados Países Catalanes.
Pasado el tiempo, se ha constatado que aquellas hojas envainadas fueron enarboladas para acometer con insolente iracundia.
Y ese intento de romper una “anfictionía” secular —asumida por todas las regiones— ha causado y causa serias perturbaciones que menoscaban la convivencia y cohesión de nuestra nación. Fundamentalmente, porque:
- Permite que rijan el destino de España grupos políticos que no se sienten ni quieren ser españoles, y les importa un rábano el devenir de la nación.
- Es una realidad injusta que desangra y esquilma los recursos de las comunidades no nacionalistas en beneficio de unos insaciables y soberanistas depredadores.
- Semienta agravios, recelos y desconfianza entre las demás comunidades por un trato desfavorable.
- Carece de toda lógica —por innecesario— al tener una cámara de representación territorial (Senado) estatuida para dar cabida a los problemas, propuestas y soluciones de los diferentes territorios.
Permitir que esta situación haya sucedido ya no tiene vuelta atrás; pero sí es posible, y tal vez conveniente, revertirla, enviando a esos partidos —que discuerdan y están fuera de lugar en el Congreso— a batir el cobre a la Cámara Alta. Pero posiblemente no se haga por los intereses partidistas de las facciones con mayor representación en la Cámara Baja, conducentes —en ocasiones— a perpetuarse en el poder a costa de desmembrar la nación. Ambos; unos dándoles la tajadera para seguir en la jamuga y otros exigiendo rebanadas cada vez más escasas.
Pero, a lo que parece, esta cámara es como un hijo segundón (que nada pinta en el devenir del abolengo, y al ser intrascendente se torna prescindible).
Y si lo que antecede no es falso, se presentan tres opciones en cuanto a esta Cámara:
- Suprimirla, por ineficaz.
- Investirla de prestigio y utilidad.
- Vetar a los partidos políticos que planteen en sus estatutos desvincularse de la nación española el acceso al Congreso de los Diputados
¿Qué es más conveniente para el conjunto de la ciudadanía?
Sabido es que las cosas que ya no sirven ocupan espacios innecesarios, entorpecen y quebrantan la hacienda. Y es de ciudadanos probos desembarazarse de lo excusado.
Lo que no parece lógico ni pertinente es que la mayoría de los españoles sean rehenes de un puñado de individuos codiciosos, insolidarios y sin escrúpulos, que no satisfechos con extorsionar, roban el gorrino (ordeñan, si prefieren), y se atiborran de butifarras, marmitacos, chacolís y ratafías, mientras se regodean sin miramiento contemplando, a cara descubierta, la de viernes del resto de españoles, farfullando con un cinismo lacerante que eres tú quien les expolia.
¡Vivir para ver!
3 Esto supondría un ahorro nada desdeñable al erario de 67 millones de euros/anuales (datos del año 2024). Esta hipótesis la planteó en su día Ciudadanos (Albert Rivera), pero se diluyó sin llegar a cuajar.
