La Restinga: entre la solidaridad, el abandono y la incertidumbre

Foto de arcivo.

Por Marcos Duro Alins.

El Hierro ante una realidad que ya no puede gestionarse con soluciones provisionales.

Hay situaciones que, por su dimensión y persistencia, dejan de ser una emergencia puntual para convertirse en un problema estructural. Y eso es precisamente lo que está sucediendo en la isla de El Hierro, con especial incidencia en La Restinga.

Este pequeño enclave pesquero, acostumbrado a vivir de cara al mar, de su actividad marinera, de la pesca y de un turismo estrechamente vinculado a la riqueza de sus fondos marinos, lleva años soportando una presión migratoria creciente que ha ido transformando su realidad cotidiana.

Durante los últimos cuatro años, la llegada de embarcaciones procedentes de las costas africanas ha adquirido una dimensión cada vez mayor. Lo que inicialmente se gestionaba mediante unos procedimientos de recepción, asistencia y posterior traslado ha terminado evolucionando hacia una situación que amenaza con superar cualquier previsión razonable.

De una emergencia gestionable a una situación de desbordamiento

Durante un tiempo, el dispositivo de respuesta mantenía una cierta organización. Las embarcaciones eran rescatadas por Salvamento Marítimo, trasladadas al puerto y posteriormente retiradas del agua para su desmantelamiento. Una operación que, además de la complejidad logística, planteaba interrogantes sobre el tratamiento de los residuos, los restos de combustible y las aguas residuales que podían acabar afectando al entorno portuario y litoral.

Las personas rescatadas recibían asistencia humanitaria, identificación, atención sanitaria cuando era necesaria, ropa y alimentación. Posteriormente, eran trasladadas en guaguas a instalaciones habilitadas en otros puntos de la isla, como el campamento de San Andrés, para continuar su proceso de acogida y posterior traslado a Tenerife y, desde allí, a diferentes destinos de la Península.

Era un procedimiento que, con sus limitaciones, permitía mantener cierto control operativo.

Pero el escenario ha cambiado.

Durante el final del verano de 2026, las llegadas han alcanzado dimensiones extraordinarias, con jornadas en las que se han comunicado cifras cercanas a las 800 personas. La acumulación de embarcaciones y la sucesión de rescates han puesto al límite los medios de Salvamento Marítimo, los dispositivos de primera recepción, los recursos sanitarios, Cruz Roja, el voluntariado y los sistemas de transporte y acogida.

La pregunta ya no es si los dispositivos están preparados para atender una llegada extraordinaria. La pregunta es si alguien ha previsto qué hacer cuando lo extraordinario se convierte en recurrente.

La Restinga también existe: sus vecinos, su economía y su futuro

En medio de esta realidad parece haberse olvidado algo elemental: La Restinga no es una infraestructura de acogida, sino un pueblo.

Un pueblo con vecinos, familias, negocios, actividades económicas y una identidad construida durante generaciones alrededor del mar.

Su capacidad comercial y de servicios responde a las necesidades habituales de su población y de sus visitantes, no a las exigencias de una emergencia humanitaria de semejantes dimensiones.

Los establecimientos de alimentación se ven sometidos a una demanda para la que no necesariamente están preparados. La disponibilidad de alojamiento resulta insuficiente para atender las necesidades adicionales de los equipos de intervención y del personal desplazado.

La hostelería y la restauración sufren las alteraciones de la actividad habitual. El sector del buceo, uno de los principales atractivos económicos y turísticos de La Restinga, puede ver seriamente condicionada su actividad. Y la pesca, que forma parte de la historia y del sustento de este pueblo, tampoco puede quedar al margen de las consecuencias que genera una presión extraordinaria sobre el entorno portuario.

A ello debemos añadir la necesidad de evaluar y prevenir cualquier deterioro medioambiental, especialmente en un espacio cuyo patrimonio natural constituye uno de sus mayores valores.

No se trata de cuestionar la asistencia a quienes llegan. Se trata de recordar que quienes viven allí también tienen derechos, necesidades y expectativas legítimas.

La solidaridad no debería exigir a una pequeña comunidad que renuncie a su normalidad, a su economía o a su futuro.

La política de la emergencia no puede sustituir a la política de las soluciones

Ante una situación de esta magnitud, resulta inevitable dirigir la mirada hacia quienes tienen la responsabilidad de gobernar.

Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias, representantes canarios en las Cortes Generales y Gobierno de España tienen competencias, responsabilidades y obligaciones que deben traducirse en respuestas concretas.

No basta con habilitar nuevas carpas, ampliar campamentos o acelerar los traslados hacia otros territorios. Son medidas que pueden resultar necesarias para atender la emergencia inmediata, pero no constituyen una solución al problema de fondo.

Lo que la ciudadanía necesita es planificación, coordinación institucional, recursos suficientes y, sobre todo, una estrategia que contemple el medio y el largo plazo.

¿Se ha evaluado con rigor el impacto económico sobre La Restinga? ¿Existe un plan de protección para sus actividades tradicionales? ¿Se han calculado las necesidades reales de personal, alojamiento, transporte y asistencia sanitaria? ¿Qué previsiones manejan las administraciones para los próximos meses y años?

Y una cuestión todavía más importante: ¿se está escuchando a los vecinos?

Gobernar no consiste únicamente en gestionar lo que sucede, sino en anticiparse a lo que razonablemente puede suceder.

El origen del problema: mirar más allá de nuestras costas

Si de verdad se pretende abordar esta realidad con seriedad, es imprescindible dejar de contemplar únicamente el punto de llegada y empezar a actuar sobre las causas que originan estas migraciones.

Detrás de cada travesía existen circunstancias económicas, sociales, políticas y, en muchos casos, humanitarias. Pero también existe una industria clandestina que obtiene enormes beneficios aprovechándose de la desesperación de las personas.

Las redes mafiosas organizan desplazamientos, cobran cantidades que pueden alcanzar varios miles de euros y convierten la necesidad de buscar un futuro mejor en un negocio extraordinariamente lucrativo.

¿Por qué no dedicar mayores esfuerzos y recursos a combatir esas organizaciones desde sus lugares de origen y en cooperación con los países implicados?

¿Por qué no impulsar proyectos de desarrollo económico que permitan generar oportunidades reales?

La creación de pequeñas industrias, talleres, cooperativas agrícolas, centros de formación profesional y actividades productivas adaptadas a las posibilidades de cada territorio podría contribuir a ofrecer alternativas de vida.

No estamos hablando de soluciones milagrosas ni de pensar que una inversión industrial resolverá por sí sola un fenómeno de dimensión internacional. Estamos hablando de cooperación eficaz, oportunidades de empleo, formación y desarrollo económico.

Cabe preguntarse si parte de los recursos que hoy se destinan a gestionar las consecuencias de estas llegadas podrían utilizarse también para prevenirlas, sin menoscabar en ningún momento la asistencia humanitaria que resulta imprescindible.

La acogida debe ir acompañada de integración, legalidad y responsabilidad

Tampoco podemos ignorar lo que sucede después del rescate y del traslado.

La llegada a un nuevo territorio no garantiza por sí misma una vida digna. La falta de documentación, las dificultades para regularizar la situación administrativa, el desconocimiento del idioma, la ausencia de formación profesional y las dificultades para acceder a una vivienda y a un empleo pueden conducir a situaciones de exclusión y vulnerabilidad.

Por eso, la política migratoria no puede terminar cuando una persona abandona el puerto de La Restinga.

Debe existir un seguimiento adecuado, procedimientos administrativos eficaces, posibilidades reales de integración para quienes tienen derecho a permanecer y mecanismos legales de retorno para quienes no reúnen las condiciones exigidas.

Asimismo, las autoridades deben actuar frente a cualquier conducta delictiva con independencia de la nacionalidad de quien la cometa. La seguridad y el cumplimiento de la ley son elementos esenciales de cualquier sociedad democrática.

Y, del mismo modo, todas las organizaciones que intervienen en los dispositivos de acogida, tanto públicas como privadas, deben estar sujetas a transparencia, supervisión y rendición de cuentas. La colaboración humanitaria merece respeto, pero la utilización de recursos públicos exige controles rigurosos.

Una pregunta que merece una respuesta

El Hierro no puede convertirse indefinidamente en la primera línea de recepción de un fenómeno internacional sin que exista una respuesta proporcional a la magnitud del desafío.

La Restinga no puede asumir por sí sola las consecuencias de una situación que corresponde gestionar al conjunto de las administraciones y que exige cooperación internacional.

Sus habitantes no deberían tener que elegir entre la solidaridad con quienes llegan y la defensa de su propia forma de vida. Ambas cosas son compatibles, siempre que exista voluntad política, planificación y responsabilidad.

Por eso, llegados a este punto, la pregunta es tan sencilla como incómoda:

¿Hasta cuándo?

¿Hasta cuándo se va a seguir respondiendo con dispositivos provisionales a un problema que lleva años creciendo?

¿Hasta cuándo se va a permitir que las redes mafiosas sigan lucrándose con la desesperación humana?

¿Cuándo se van a poner en marcha políticas eficaces de cooperación y desarrollo en los países de origen?

¿Cuándo se va a ofrecer a La Restinga un plan real de protección económica, social y medioambiental?

Y, sobre todo, ¿cuándo van a explicar nuestros representantes políticos qué horizonte de futuro contemplan para El Hierro?

No se puede pedir solidaridad infinita a quienes disponen de recursos limitados, ni confundir la atención humanitaria con la ausencia de una política migratoria eficaz.

Porque una cosa es atender dignamente a quien llega y otra muy distinta es resignarse a que un pueblo vea alterada indefinidamente su vida sin saber qué medidas se están tomando para evitarlo.

La solidaridad es un principio humano. La planificación es una obligación política. Y la protección de los ciudadanos y de su territorio es una responsabilidad irrenunciable de quienes gobiernan.

La Restinga no pide privilegios. Pide que se la escuche, que se la proteja y que se le dé una respuesta.

El Hierro merece algo más que explicaciones. Merece soluciones.

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