Anarme pide al Gobierno la implantación de un sistema de bonificación directa del combustible y el refuerzo de las medidas adoptadas para el sector

Airam Mederos, presidente de la Asociación de Armadores y Pescadores MIRACANARIAS.

Redacción/La Asociación Nacional de Artes Menores (ANARME), ha solicitado a través de misiva al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, la implantación de un sistema de bonificación directa del combustible en surtidor, ante la insuficiencia de las medidas del Real Decreto-ley 7/2026 “Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio”, para el sector.

Las medidas son insuficientes para palear los sobrecoges del combustible, principal coste estructural del sector.

Desde ANARME solicitan al Gobierno evaluar la adecuación, suficiencia y proporcionalidad de las medidas adoptadas, así como formular propuestas estructurales de corrección, orientadas a garantizar la equidad, eficacia y adecuación material de la norma, debido a la dependencia estructural del combustible como input esencial no sustituible para el sector; la imposibilidad de trasladar costes al mercado en un contexto de precios imposibles de ajustar en lonjas; y los márgenes operativos negativos sostenidos en el tiempo para la flota.

En este sentido, piden la implantación de un sistema de bonificación directa del combustible en surtidor, automatizado, objetivo y dinámico, que garantice la cobertura de los sobrecostes derivados de la actual coyuntura geopolítica internacional, en particular la inestabilidad en Oriente Medio.

Airam Mederos, presidente de la Asociación Nacional de Artes Menores (ANARME), señala que este sistema deberá articularse mediante un mecanismo de compensación variable que permita mantener el coste efectivo del combustible dentro de un umbral máximo asumible para el sector, estimado en torno a 0,75€/litro, actuando la administración sobre la diferencia entre el precio real de mercado y este umbral. Este modelo permitirá adaptar la intensidad de la ayuda a la evolución de los precios, garantizando la eficacia de la medida, su sostenibilidad presupuestaria y su adecuación a los principios de proporcionalidad y eficiencia en la actuación pública.

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