Redacción/El Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (COA), ha reiterado hoy, al Ejecutivo canario la “urgencia” de tomar medidas para regular los encargos en materia de arquitectura y planeamiento a la empresa pública GESPLAN, que debería actuar “solo en casos excepcionales” y no de forma sistemática, como viene sucediendo.
Se trata de una práctica de competencia desleal que está generando la destrucción de empresas privadas del sector, advierte el COA.
Según ha informado el COA, se trata de una petición que ya fue trasladada al Gobierno de Canarias, en noviembre de 2023, al actual presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo. “En abril del año pasado firmamos un manifiesto conjunto todos los colegios profesionales advirtiendo de esta situación, en noviembre nos reunimos personalmente con el presidente y seguimos sin respuesta”, según denuncia la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (COA), María Nieves Febles.
Desde COA recuerdan que el fin inicial de la entidad pública GESPLAN, es actuar “exclusivamente” en situaciones puntuales de carácter excepcional de auxilio al propio Gobierno de Canarias para colaborar en la redacción y gestión de planeamiento urbanístico, para lo que se estableció el mecanismo de las encomiendas de gestión, ahora encargos a medios propios, una técnica que permite a las administraciones encargar directamente y prescindiendo de la libre concurrencia todo tipo de obras y servicios.
Según asegura Febles, el recurso desmedido a GESPLAN por parte, especialmente, de los ayuntamientos canarios, viene a configurar una práctica abusiva, cuyas repercusiones inciden directamente en la libertad de concurrencia provocando la “muerte lenta” de las profesiones ligadas al sector de la arquitectura y planeamiento.
“Lo que se pensó como una medida de última instancia se ha convertido en una costumbre, es más sencillo encargar a una empresa propia que realizar los trámites y procedimientos que implica abrir un concurso de libre concurrencia. Una situación que está generando la destrucción del tejido empresarial, especialmente de las PYMES” señala la decana del COA
“Si esta tónica se mantiene, Canarias está condenada a perder un capital humano formado y especializado”, asegura Febles.
En este sentido, el COA señala que este procedimiento directo de encargos supone un incremento del gasto, ya que GESPLAN establece unas tarifas fijas, algo que en un proceso abierto y de libre concurrencia sería impensable. “La libre concurrencia es un mecanismo de transparencia pensado, como su nombre indica, para propiciar la participación de varias empresas interesadas que deberán competir por ofrecer mejores servicios y precios”, señala Febles.
“Estos encargos directos van más allá de la mera repercusión en el sector, ya que la concurrencia pública garantiza la calidad de los servicios y los mejores precios de los servicios ofertados”, apunta la decana del COA al tiempo que señala que esto afecta directamente a los ciudadanos a los que se les priva de este derecho, el de obtener la mejor calidad del servicio al precio más competitivo. “Al final esta práctica lo que está provocando es que esas obras y servicios de las que deben disfrutar los canarios y canarias no respondan a un proceso transparente, a un procedimiento donde la competencia entre las ofertas garantice la calidad final del resultado”, explica Febles.
La decana del COA señala que 15.000 profesionales en Canarias, siguen esperando una respuesta del Gobierno de Canarias tras la firma del manifiesto en abril de 2023, cuando los colegios y asociaciones profesionales de Canarias, excepto el Colegio de Aparejadores de Tenerife, firmaron este manifiesto en el que se denunciaba que las administraciones canarias vienen encargando de forma directa y reiterada de sus obras y servicios a las empresas públicas pertenecientes al Gobierno de Canarias.
El documento firmado pedía que: El fin de la práctica generalizada de las adjudicaciones directas a las empresas públicas, restringiéndolas a casos realmente justificados y necesarios; El refuerzo de los servicios técnicos y administrativos de contratación de las administraciones; La reconsideración de la legislación en materia de contratación que, incorporando los principios básicos de fomento de la competencia, debe orientarse hacia una simplificación y racionalización de procedimientos que evite la paralización administrativa que atenaza nuestras administraciones.
