Redacción/La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha decretado el sobreseimiento libre y archivo de la causa de quien fuera consejera de Medio Ambiente del Cabildo de El Hierro (2007-2010), Claribel González, y la técnica de Medio Ambiente, Residuos y Reciclaje de la institución insular, Fabiola Ávila, encausadas por una denuncia relacionada con la gestión de residuos por parte del Cabildo de El Hierro.
El Tribunal Supremo decretó el pasado mes de diciembre el sobreseimiento y archivo de la causa de Javier Armas (actual senador de El Hierro, de Agrupación Herreña Independiente AHI), quien fuera director del área de Medio Ambiente (2007-2010), tercer encausado por la denuncia de tres vertederos incontrolados. Uno en El Majano; otro, de residuos sólidos urbanos ubicado en la zona de la Dehesa dentro del Espacio Natural Protegido Parque Rural Frontera; y un último vertedero en la montaña de La Cumbrecita.
La Justicia decreta ahora la inocencia de Claribel González, Fabiola Ávila y Javier Armas, tras más de 20 años de procedimiento.
Según recoge la sentencia, no existió delito medioambiental ni responsabilidad penal, por lo que las personas investigadas deben ser consideradas inocentes a todos los efectos, como si hubiera recaído sentencia absolutoria.
Durante dos décadas se ha sostenido una acusación que finalmente no ha podido acreditarse. No se han demostrado hechos delictivos ni daño ambiental. El propio Ministerio Fiscal ha reconocido la falta de base suficiente para sostener la acusación, lo que ha llevado al sobreseimiento libre acordado por el tribunal, en el caso de González y Ávila. Estas resoluciones ponen fin a un largo proceso judicial.
Según han señalado los encausados en esta denuncia y ahora absueltos, durante años este procedimiento ha generado una percepción pública negativa en torno a la gestión de residuos, trasladando a la ciudadanía dudas sobre la eficacia del sistema y el destino de la recogida selectiva. Eso ha tenido efectos no deseados, porque se ha debilitado la confianza en las políticas ambientales e incluso desincentivado prácticas responsables. Afirmaciones como que parte de los residuos que debían destinarse al reciclaje acaban en circuitos menos adecuados, o que “todo se mezcla o se quema”, son extremos que no se corresponden con la realidad, como ha quedado demostrado en los últimos años.
Así mismo, aseguran que el procedimiento iniciado en relación con una institución como el Cabildo de El Hierro terminó teniendo una clara repercusión personal sobre los investigados en su condición de trabajadores públicos, con consecuencias en el ámbito personal, profesional y reputacional que se han prolongado durante demasiados años.
“Hoy, la resolución judicial restituye la dignidad, el honor y la credibilidad de los tres encausados, pero abre una necesaria reflexión sobre la importancia de la prudencia, el rigor y la responsabilidad en la construcción y difusión de relatos públicos, especialmente cuando afectan a personas concretas y a cuestiones de interés general como el medio ambiente”, señalan los encausados.
