Por Tomás Padrón.
Se tramita actualmente en el Parlamento de Canarias una nueva Ley de Cabildos, promovida en esta ocasión por las corporaciones insulares, todo ello al objeto de adaptarla a la realidad de cada una de las islas.
La primera Ley, después de la inicial de 1912, fue aprobada en 1986 y promulgada en el Faro de Orchilla, en El Hierro, como punto más occidental de Canarias. Un acto solemne presidido por el entonces presidente, Jerónimo Saavedra, al que asistieron otros miembros del Gobierno de Canarias y los distintos presidentes de los cabildos canarios. El lugar elegido, también conocido como Meridiano Cero, simbolizaba un punto de partida, de encuentro y de inicio de recorrido de un proceso político administrativo dirigido a lograr la máxima descentralización de cada isla dentro del contexto regional.
Diferentes reformas y modificaciones han tenido las diversas Leyes de Cabildos que se han ido actualizando: 1990, 1996, 2001, hasta la actual vigente de 2015, asunto no extraño, si analizamos nuestra historia pasada y reciente.
Desde el siglo XV, con la incorporación de Canarias a la Corona de Castilla, se desarrollan en nuestras islas importantes acontecimientos relacionados con la organización político-administrativa. El centralismo histórico del Estado hacia Canarias, y el practicado por las cabeceras provinciales hacia el resto de sus islas, generaban una Canarias desigual, desequilibrada y con enfrentamientos continuos de dureza alarmante entre su sociedad, lo que popularmente se bautizó como el “pleito insular”. Este crónico problema canario, nutrido por elementos externos representados por intereses económicos, geográficos, sociales, hegemónicos, políticos…, sigue en pleno siglo XXI vigente y pendiente de solución, representando un bloqueo continuo al desarrollo de Canarias y al equilibrio interinsular.
Muchas han sido las iniciativas y actuaciones encaminadas a buscar soluciones razonables para todas y cada una de las islas, desde los gobiernos centrales antes, y canario ahora. Pero hasta hoy, no se ha producido el encaje adecuado entre la administración central y la canaria, y en cascada, entre la canaria y sus siete territorios administrativos.
En 1912, con la creación de los cabildos, se gesta una nueva y original corporación local de ámbito insular que implica el reconocimiento de una nueva entidad, la isla. Fue la Ley de Cabildos una de las piezas fundamentales del régimen político-administrativo de Canarias. Su creación implicó el reconocimiento de la identidad de cada isla, abriendo el camino de la regionalización y de la autonomía, aunque su evolución posterior, caracterizada por la división provincial de 1927 y la carencia de un órgano que diera a los cabildos el necesario impulso a nivel regional, no tuvo la impronta necesaria para consolidarlos.
Es de justicia recordar el papel preponderante que las islas periféricas tuvieron en la creación de los cabildos insulares, a través del manifiesto del majorero Manuel Velázquez Cabrera. No en vano, los cabildos representan, en orden a la autonomía, la idea de que pudieran llamarse federalistas, que ya se anidó en las asambleas tinerfeñas de 1908 y 1911, y opuesta a la región “unicista”, como vía de estructurar la variedad de las islas.
En abril de 1978, y sin haberse celebrado aún las elecciones locales a los ayuntamientos y cabildos, se constituye en el Parador Nacional de las Cañadas del Teide la Junta Preautonómica de Canarias. Un hecho histórico, relevante e ilusionante, en unos momentos en los que se estrenaba una democracia recién gestada. Contra todo pronóstico, el proceso de construcción de nuestra preautonomía primero y autonomía actual fue cimentado sobre los pilares movedizos del pleito insular, las dudas, los recelos, los falsos equilibrios y las mutuas desconfianzas y traiciones permanentes. Los cabildos, y sus presidentes de aquel momento, procedentes aún del régimen anterior, fueron prácticamente apartados en el arranque preautonómico.
Se elaboraron propuestas y normas importantes, bajo el temor y el enfrentamiento, desarrollándose un borrador de estatuto similar al de otras comunidades autónomas peninsulares, que nada tenía que ver con nuestras características naturales de archipiélago. Nuestra realidad física y la experiencia de los cabildos insulares, vigentes desde 1912, parecían indicarnos claramente cómo organizarnos como pueblo, desde su realidad natural más rotunda, la isla, pero no fue así.
Reconocemos que, hoy en día, y gracias a la lucha de instituciones y políticos tenaces, no se dan las graves desigualdades socioeconómicas denunciadas en su momento por los grandes valedores canarios del hecho insular, Manuel Velázquez Cabrera, Pedro Pérez Diaz y Benito Pérez Armas. No es la situación anterior a la etapa democrática, pero sigue existiendo una realidad centralizadora en nuestra comunidad que ha motivado a lo largo de los años corrimientos poblacionales que siguen alcanzando hoy cifras de gravedad entre las islas periféricas y las capitalinas, con porcentajes de asentamientos del 18,5% para las primeras y del 81,4% para las segundas, así como densidades de población del 108,4 y 417,6. Hay un falso concepto cuando se habla desde las capitalinas de la “cohesión territorial” si no se cuenta con una estructura básica en materia de conectividad, en acceso a la vivienda y, sobre todo, el reconocimiento del hecho insular como un valor, sumado al elevado costo de vida que supone residenciarse en otra isla que no sea las capitalinas.
Conjuntamente con la ley que se debate, podría ser el momento de definir el modelo de administración pública canaria; o la mantenida hasta ahora con mentalidad centralizada y más supergobierno, o la de adaptar las leyes a la realidad diversa de cada una de las islas. Se ha centralizado y duplicado, generando desigualdad y categorías diferentes de canarios según donde habiten. Una Ley de Sedes excluyente para cinco islas, y para el resto de pueblos y ciudades que no sean los de las dos capitales, doble sede de presidencia, dobles sedes de consejerías, doble capitalidad, doble sede de los servicios de seguridad y emergencias 112, doble sede de la RTVC y radio autonómica, doble sede del operador de los sistemas eléctricos canarios, son, entre otros, los servicios centralizados y duplicados, motivo para reflexionar y afrontar con valor y coraje un proceso descentralizador en todas las áreas. Los señores diputados, procedentes de islas, que debaten la actual Ley en borrador, para elevarla a pleno, deben convencerse de que las instituciones insulares no son enemigas en la organización político-administrativa, sino piezas fundamentales en el encaje de la autonomía canaria. En este proceso, pueden ser de gran ayuda a los legisladores canarios, figuras veteranas y curtidas en cientos de batallas político-administrativas, como son José Miguel Ruano, Julio Pérez, Rafael Acuña o Rogelio Padron, así como otros expertos de la administración canaria.
En la diversidad insular está la riqueza del archipiélago y de las islas canarias como autonomía, y los cabildos insulares y la isla son una simbiosis natural, son como una piedra a una lapa.
UN ARCHIPIÉLAGO PRODUCTO DE LA LEY DEL VOLCÁN
La descentralización político-administrativa tiene pendiente su modelo de desarrollo definitivo en la autonomía canaria, desarrollada siempre con temor y reticencia, sin llegar a entender con claridad que somos un pueblo, pero también islas y archipiélago, producto de la “ley del volcán”.
No tenemos una realidad geográfica más contundente, clara y diversa que la isla. Parecería lógico, entonces, legislar y regular lo que en la vida diaria es real: los cabildos insulares como gobiernos de isla, con competencias y delegaciones en toda la gestión insular, un gobierno –cabildo de Canarias– en tareas de planificación, territorio, sanidad, educación, hacienda y relaciones con el exterior, y un Parlamento con 49 diputados elegidos por circunscripción insular, así como una lista regional para elegir presidente.
Apuestas por las energías alternativas, la desalación y reciclado del agua con energías limpias, la mayor soberanía alimentaria, la industria turística con el máximo capital público-privado canario, la recuperación de las escuelas rurales, la distribución de la Formación Profesional y Facultades Universitarias en diversas islas, amplias autopistas marítimas y aéreas, modificación en la distribución económica del REF, cogestión del REF entre gobierno y cabildos, máximo REA a la producción canaria, mayor nivel sanitario en hospitales insulares, cooperativas agroforestales para medianías y montes, sociedad cooperativa canaria de comercialización productos sector primario, PIOT insulares agregándoles el desarrollo socio-económico diverso para cada isla, son entre otros, los asuntos de relevancia a desarrollar en nuestro archipiélago para lograr un mayor equilibrio entre las islas.
Con las experiencias habidas y las modificaciones hechas desde 1986 en las diferentes leyes de cabildos, reflexionemos con tranquilidad y sin agobios, sin la inteligencia artificial (IA), y sí con la inteligencia natural y el sentido común. Señores diputados insulares y regionales, tienen la palabra, para acertar y lograr una mejor Ley de Cabildos que las anteriores.
Somos islas y como canarios, aspiramos a vivir en cada una de ellas en igualdad de condiciones. Busquemos entre todos una descentralización generosa, que permita conseguir una identidad insular conjuntándola con el reto histórico de canarias como pueblo. Y en ello, el gobierno – cabildo de canarias- y los cabildos insulares de cada isla, deben ser los pilares fundamentales en un desarrollo equilibrado entre todas las islas
Tomás Padron, expresidente del Cabildo de El Hierro.
