Redacción/El diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para que el Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias a realizar un estudio técnico-económico que analice la viabilidad de implantar un servicio de urgencias veterinarias 24 horas en El Hierro.
La iniciativa pretende establecer un sistema de guardia veterinaria para garantizar cobertura a familias y explotaciones ganaderas en las islas no capitalinas.
La propuesta solicita la realización de un estudio en coordinación con el Consejo de Colegios de Veterinarios de Canarias y las organizaciones más representativas del sector, con el fin de determinar el coste real de implantar un sistema de urgencias, ya sea presencial o mediante guardia localizada, que garantice cobertura integral a la población y al sector primario. La iniciativa contempla que, una vez evaluada su viabilidad en El Hierro, pueda estudiarse la extensión progresiva del modelo al resto de islas no capitalinas y La Graciosa, en aquellos casos en los que la iniciativa privada no pueda garantizar una cobertura suficiente.
Según ha informado el diputado herreño, la iniciativa parte de una realidad estructural que afecta a las islas no capitalinas, donde la dimensión demográfica dificulta la existencia de guardias permanentes sin apoyo público. “En El Hierro, la atención veterinaria urgente fuera del horario comercial depende en muchas ocasiones de la disponibilidad informal de los profesionales. Esa situación genera una desigualdad que debemos analizar y corregir”.
Acosta asegura que la iniciativa responde tanto a las necesidades de las familias con animales de compañía como a las necesidades del sector ganadero. “Un parto complicado, una infección o una alerta sanitaria no pueden esperar al lunes por la mañana”.
En este sentido, el diputado herreño señala que la atención veterinaria urgente es una cuestión que impacta directamente en el bienestar animal, la economía rural y la salud pública.
El diputado recuerda que la Ley 8/2003 de Sanidad Animal establece la obligación de los poderes públicos de prevenir y controlar enfermedades animales, incluidas aquellas transmisibles a las personas, y considera que esa responsabilidad debe ejercerse “con especial sensibilidad hacia las singularidades de las islas no capitalinas”.
“Si la administración interviene para garantizar la conectividad aérea cuando el mercado no cubre la demanda, también debe intervenir cuando se trata de asegurar un servicio veterinario urgente en territorios donde la dimensión demográfica hace inviable su sostenibilidad sin apoyo público”, señala Acosta.
