Redacción/El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha anunciado hoy miércoles, 15 de julio, en Comisión parlamentaria, el encargo de un estudio científico para evaluar el estado real de los recursos marisqueros en la costa noroeste de El Hierro.
La medida pretende actuar sobre la veda del marisqueo que afecta al noroeste de la isla.
Quintero, en respuesta a una pregunta planteada por el diputado herreño del Grupo Mixto, de Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, explicó que esta iniciativa, que se desarrollará en colaboración con el sector de la pesca profesional y recreativa, responde a la necesidad de obtener datos empíricos actualizados antes de tomar cualquier decisión sobre el mantenimiento, modulación o levantamiento de la veda que, desde hace quince años, afecta a esta zona.
En este sentido, Quintero indicó que el estudio científico que se encargará próximamente determinará el estado actual de estos recursos y marcará la hoja de ruta jurídica y administrativa para adoptar una postura consensuada con el sector pesquero, buscando el equilibrio entre el futuro de la actividad marisquera tradicional en la isla y la conservación medioambiental.
Según Quintero, “la actual restricción tiene su origen en el año 2011 cuando la Orden de 2 de mayo estableció un cierre temporal, prorrogable automáticamente, para la recolección de lapas, burgados y erizos en el tramo costero comprendido entre la zona de Arenas Blancas y la Playa de la Madera”.
El consejero detalló que esta medida estuvo estrechamente motivada por la erupción volcánica de aquel año, ya que “aunque el proceso eruptivo se localizó en La Restinga, las corrientes arrastraron masas de agua caliente hacia el noroeste de la isla, provocando una notable pérdida de recursos que obligó a actuar para favorecer su conservación”.
“Si bien la veda constituye una herramienta de gestión pesquera legítima”, para su levantamiento es necesario acreditar científicamente que la recuperación del recurso permite una explotación sostenible. En este sentido, advirtió que “actualmente no se dispone de ese aval técnico”, por lo que la Dirección General de Pesca no pueda actuar en este sentido ante la posibilidad de que el recurso puede seguir siendo vulnerable”, señaló Quintero.
“Por ello, este estudio permitirá evaluar si, tras quince años de un cierre que nació con carácter temporal, las poblaciones de estas especies se han recuperado o no en esta zona tradicionalmente marisquera”, apuntó Quintero.
El consejero hizo hincapié en que la consejería ya trabaja de manera conjunta con el sector pesquero “tanto profesional como recreativo” para modificar la Orden de 2 de mayo de 2011, calificando de “completamente coherentes y sensatas” las propuestas planteadas por el sector profesional para modular la actividad si el estado actual de los recursos lo avala.
