La Isla

Redacción/El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció que el Ejecutivo regional, con sus servicios jurídicos y el personal técnico del área de Salud, analizarán a fondo y presentarán alegaciones al auto dictado ayer, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que, de forma cautelar, anula la decisión gubernamental de la semana pasada de que los bares, restaurantes, gimnasios y otros negocios exijan el certificado COVID a sus clientes para acceder a los interiores de sus establecimientos. 

El Gobierno autonómico tiene tres días hábiles de plazo para presentar estas alegaciones. Según recalcó Pérez, esa medida se adoptó no solo siguiendo los criterios de los servicios jurídicos de la Comunidad y de los técnicos de la Consejería de Sanidad, sino en consenso y a propuesta de diversas asociaciones empresariales de la restauración y hostelería, que plantearon que todos los clientes en los interiores portasen dicho certificado a cambio de subir los aforos en islas en niveles 3 y 4.

El también consejero de Justicia, Administración Pública y Seguridad indicó que el Gobierno no había recibido la resolución del TSJC de forma oficial y que, no obstante, tiene carácter “cautelarísimo”, por lo que ahora se abre el plazo para atender a las alegaciones del Ejecutivo.

Pérez aseguró que los últimos autos que rechazan medidas del Gobierno de Canarias merecen una lectura detenida porque, entre otras decisiones, “nos ha costado entender qué se nos dice sobre el cierre entre las 00:00 horas y las 6:00 en nivel 4 y en el resto. Se deduce que eso se debe a la decisión del Tribunal Supremo sobre el toque de queda, pero esto hay que estudiarlo bien porque el toque de queda se refiere a la movilidad de las personas y el cierre comercial es sobre actividades a esas horas, que están cerradas salvo servicios esenciales, como las gasolineras”.

El portavoz también se refirió a los aforos y a la afirmación de que exigir el certificado COVID puede atentar contra la intimidad de las personas al tener que informar sobre su estado de salud y convierte a los dueños en vigilantes sanitarios. A su juicio, esto choca también porque, “desde hace un año, se exige certificado o test negativo para entrar en alojamientos de las Islas, aparte de que hay controles en puertos y aeropuertos y en muchos centros públicos y privados se piden datos o se hacen mediciones de temperatura”.

Pérez subrayó que, pese a los últimos autos, la mayoría de decisiones del Gobierno de Canarias sobre la pandemia con el fin de conjugar la salud con la actividad económica y la legalidad han sido ratificadas por los tribunales. “Haremos estas alegaciones para saber hasta dónde llega el mandato del tribunal, pero insisto en que todas las medidas las decidimos en función de las recomendaciones y propuestas de los servicios técnicos sanitarios y jurídicos, que cuentan con un equipo de 25 letrados y letradas”. Según remarcó, “el Gobierno ha intentado conjugar la defensa de la salud para que el impacto de la pandemia sea el menor posible, se compatibilice eso con desarrollar la mayor actividad económica factible y con el respeto a las leyes y, en particular, a los derechos fundamentales”.

“Entendemos que nuestras decisiones sobre el certificado están fundadas en derecho”.

El portavoz subrayó, asimismo, que si bien el recurso ha sido presentado por dos asociaciones empresariales de Tenerife, el uso del certificado COVID fue acordado con otras entidades de este sector de las Islas y a propuesta de ellas. “En las alegaciones, vamos a defender que la decisión de la semana pasada, a nuestro criterio, está justificada y fundada en derecho. Nos parece que el derecho a la intimidad no puede entenderse lesionado en este caso, aparte de que acudir a un bar, restaurante o gimnasio es una actividad voluntaria. Que se exija este certificado para usar un gimnasio o entrar en un restaurante no se le ha ocurrido solo a Canarias. Se está extendiendo por todo el mundo y el propio presidente de EEUU, Joe Biden, anunciará mañana (viernes, 30 de julio) que los funcionarios públicos deberán proveerse de un certificado COVID”.

Según indicó, ese documento tiene la doble ventaja de que permite ampliar los aforos interiores y proporciona más seguridad a los usuarios de esos negocios. Asimismo, recordó que en las Islas, un millón de residentes ya se ha descargado este certificado del sitio web de la Consejería de Sanidad, “con lo que no parece que sea un requisito que cueste mucho obtener”. El certificado no solo se logra con la pauta completa de la vacunación, sino si se ha pasado la COVID-19 o se porta un test negativo en las últimas 72 horas.

Redacción/Una producción canaria que se rodará entre Tenerife y El Hierro, a cargo de la productora NOSTRANA Films. La novela “El sendero bimbache” de Jeniffer Castañeda García, fue publicada por LeCanarien Ediciones en 2015.

La adaptación cinematográfica narra la historia de Kellen, un niño alemán que no habla desde la muerte de su madre y que pasa un verano en la isla de El Hierro, con su padre y un matrimonio de amigos, también alemanes. Durante esas vacaciones, Kellen conoce a Manuel, un anciano con discapacidad intelectual que vive en el herreño pueblo de Isora. Entre ellos surge una amistad que logra superar las barreras culturales y lingüísticas, una amistad más allá de las palabras. Veinte años después, Kellen regresa a la isla y revive los momentos de aquel verano de su niñez.

Un emotivo drama en el que las islas tienen un papel fundamental, con guion y dirección a cargo de la directora tinerfeña Jeniffer Castañeda García, con Iombi García como director de fotografía y con la interpretación de los actores y actrices José Luis de Madariaga, Nieves Bravo, Aida Ballmann, Sergio Hernández, Morad Azzaaoui y Thomas Schumman. 

La película cuenta con el apoyo de los Cabildos Insulares de Tenerife y El Hierro, el Ayuntamiento de Valverde, el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, la Televisión Canaria y con la participación de marcas como Volskwagen Canarias.

Redacción/El Consejo de Gobierno ha acordado hoy jueves, 29 de julio, mantener los niveles de alerta establecidos el pasado jueves para cada una de la islas. Tras analizar la evolución de los datos epidemiológicos, el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, explicó que se ha determinado que las islas continúen en el nivel de alerta en el que ya se encontraban, por tanto, Tenerife se mantiene en Nivel 4, La Palma, Gran Canaria y Fuerteventura en Nivel 3, La Gomera y Lanzarote (donde se incluye La Graciosa) en Nivel 2 y El Hierro en Nivel 1. 

La Dirección General de Salud Pública se mantiene expectante ante la tendencia ascendente de transmisión del SARS CoV-2 existente, y ante la evolución de los indicadores epidemiológicos de los próximos días.

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, explico que a pesar de la situación epidemiológica preocupante, Canarias es hoy la comunidad autónoma con los datos más favorable de España, “no obstante, lejos de congratularnos debemos ser conscientes de que somos las octava en presión asistencial aunque es la que menor letalidad presenta junto con la comunidad balear”. Así mismo señaló que la tendencia ascendente de transmisión del SARS CoV-2 existente actualmente y la presencia en más de un 77 por ciento de la variante Delta mantienen a la Dirección General de Salud Pública expectante ante posibles variaciones de los indicadores.

Trujillo explicó que el acuerdo del Consejo de Gobierno de hoy se sustenta en el informe emitido por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) con fecha de 27 de julio. Ese informe, en el caso de Tenerife, recoge que la situación de transmisión del SARS-CoV-2 sigue siendo muy elevada y sostenida. Entre el 21 y el 27 de julio se notificaron 2.894 casos de COVID-19 con un promedio diario de 296 nuevos casos declarados y se registraron 5 defunciones por COVID-19 la última semana. La tasa de Incidencia Acumulada (IA) a 7 días sigue incrementándose, con valores que superan los 300 casos por cada 100.000 habitantes, situándose en valores de riesgo muy alto, también en este indicador para el grupo de personas de 65 y más años. También se sitúa en riesgo alto la ocupación hospitalaria, con un incremento del 40 por ciento con respecto a la semana anterior, mientras que la ocupación de las UCI se ha elevado a nivel de riesgo muy alto, con una ocupación del 25 por ciento. Por ello, se propone mantener el nivel de alerta 4. 

En el caso de Gran Canaria, se recoge que el riesgo de transmisión es elevado, con un ritmo de crecimiento rápido, y proporcionalmente la tasa de Incidencia Acumulada en población de 65 y más años se ha incrementado a mayor velocidad que la del conjunto de edades, situándose ambas en riesgo muy alto.

También se han registrado cinco defunciones esta semana y se observa que existe mayor dispersión territorial de los casos notificados respecto a otros momentos de la pandemia. Dado que aún la presión hospitalaria está en riesgo bajo y la ocupación de las UCI no llega al 10 por ciento, se propone que la isla continúe en nivel de alerta 3. 

En Fuerteventura se observa que globalmente el riesgo de transmisión es elevado tanto para el conjunto de la población como para la población mayor de 65 años, ambas en riesgo muy alto. Sin embargo, la ocupación hospitalaria, tanto en camas convencionales como en UCI se encuentran en riesgo bajo. Por ello se propone que continúe en nivel 3.

En el caso de La Palma, el indicador de Incidencia Acumulada a siete días se sitúa en riesgo muy alto, tanto en el conjunto de la población como para el grupo de personas de 65 y más años. Asimismo, el número medio de camas hospitalarias ocupadas por enfermos de COVID-19 presenta valores elevados, aunque se encuentran ocupadas por casos sospechosos aún no confirmados, mientras que la ocupación de la UCI está en riesgo muy alto. La trazabilidad se sitúa en riesgo muy bajo, con un promedio del 80 por ciento de los casos en los que se puede identificar el vínculo epidemiológico. Por ello se propone que la isla se mantenga en nivel de alerta 3. 

El resto de islas se mantienen en el nivel establecido la semana anterior, pero todas ellas bajo la vigilancia epidemiológica, si bien Lanzarote presenta niveles de Incidencia Acumulada a siete días en nivel de riesgo medio, mientras que la ocupación hospitalaria se sitúa en nivel muy bajo. Aunque en La Gomera y El Hierro los indicadores aparentan cifras elevadas, la población es pequeña y el número de casos reducido y el control de su vínculo epidemiológico, así como el hecho de que el impacto hospitalario es bajo o muy bajo, se recomienda que ambas islas permanezcan en nivel de alerta asignado en la evaluación anterior: La Gomera nivel 2 y El Hierro nivel 1, aunque se estima que habrá que vigilar y controlar el potencial incremento en el número de casos notificados.

GMº/El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha acordado hoy, suspender la exigencia de certificado de vacunación COVID-19 o prueba de infección activa negativa para permitir el acceso al interior de locales de hostelería, gimnasios, cines, teatros, auditorios, espacios culturales y otros establecimientos en el archipiélago, así como el cierre total de la actividad comercial y de ocio entre las 00:00 y las 06:00 horas en las islas en Nivel de Alerta 4.

Estas mediadas habían sido adoptadas el pasado 26 de julio, por el Gobierno regional, con el fin de hacer frente al alto numero de contagios registrados en las islas.

El TSJC ha estimado la suspensión de las medidas de forma cautelar, a solicitud del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife y la Asociación Hostelería Unida Tenerife (HUT), debido ha una posible lesión de derechos fundamentales en las medidas contra la propagación de la COVID-19.

El Tribunal entiende que los hosteleros, que no tienen obligación de enseñar a sus clientes sus certificados COVID-19 debido a que la vacunación no es obligatoria, “son habilitados por la medida en controladores de la salud pública, pasando a invadir el campo del derecho a la intimidad personal” protegido por la Constitución. 

El TSJC resolverá la semana que viene, si mantiene sus actuales decisiones o las modifica a la vista de los argumentos de los servicios jurídicos, y si finalmente el Gobierno autonómico decide recurrir.