Redacción/El diputado regional de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, reprochó ayer miércoles a los grupos de la oposición en el Parlamento de Canarias su rechazo a las enmiendas dirigidas a mantener unos requisitos mínimos de seguridad y calidad para las viviendas vacacionales en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.
Se trata de medidas especialmente adaptadas a la realidad de islas como El Hierro, La Gomera y La Palma. La oposición rechazó la enmienda presentada por el diputado herreño para permitir una regulación mínima y avaló la alternativa más restrictiva, que ha sido aprobada.
Durante el debate de la proposición de ley de medidas para la agilización de licencias urbanísticas, Acosta presentó una enmienda in voce con la que intentaba buscar una posición intermedia sobre la consideración de las viviendas vacacionales como actividades clasificadas o inocuas. El diputado explicó que someterlas plenamente al régimen de actividades clasificadas podría obligar a muchos propietarios a cumplir requisitos prácticamente inasumibles, mientras que declararlas completamente inocuas eliminaría controles que considera necesarios para garantizar unas condiciones mínimas de seguridad y calidad.
“No podemos situarnos en ninguno de los extremos. La sensatez nos dice que debemos establecer requisitos que sean lógicos, coherentes y, sobre todo, asumibles, sin poner en riesgo una actividad fundamental para nuestra isla”, señaló Acosta.
La propuesta defendida por el diputado herreño proponía que las viviendas vacacionales aportaran un plano de situación y de distribución, fotografías del exterior y del interior, así como una memoria de la actividad. En el caso de inmuebles sin licencia de primera ocupación por encontrarse en situación de fuera de ordenación, se proponía acreditar unas garantías básicas de seguridad. Entre ellas, acreditar la existencia de medidas básicas contra incendios, como un detector de humo y un extintor señalizado; disponer del equipamiento necesario para el tratamiento del agua cuando cuenten con piscina, y justificar unas condiciones adecuadas de acceso.
“Se trataba de condiciones mínimas y muy laxas que permitían compatibilizar la protección de los usuarios con la continuidad de la actividad y que ofrecen garantías tanto a quienes gestionan las viviendas como a quienes nos visitan”, explicó el diputado herreño.
Tras la aprobación de la proposición de ley, Acosta advirtió de que esta decisión puede traducirse en nuevas exigencias difíciles de asumir para numerosas viviendas vacacionales, particularmente en las islas no capitalinas. “Ahora serán otros quienes tendrán que explicarles a los propietarios por qué se les van a exigir requisitos que muchas viviendas no podrán cumplir”.
El diputado recordó que las viviendas vacacionales representan alrededor del 70% de la oferta alojativa turística de El Hierro y constituyen una fuente de ingresos complementaria para numerosas familias, e insistió en que su regulación no puede diseñarse desde una perspectiva uniforme que ignore las singularidades territoriales, urbanísticas y económicas de la isla.
Para Acosta, la realidad herreña no puede analizarse con los mismos criterios que las zonas urbanas de las islas capitalinas. La existencia de fincas, una orografía compleja, accesos que no siempre pueden ser rodados y numerosas edificaciones fuera de ordenación exige, según el diputado, “soluciones específicas y realistas”.
“¿Alguien puede pensar que voy a poner en riesgo las viviendas vacacionales de mi isla que representan el 70% de la oferta alojativa? Defenderlas también significa garantizar que puedan desarrollar su actividad con seguridad, calidad y unas reglas claras”, señaló Acosta.
Acosta recordó que la AHI ya logró evitar durante la tramitación de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas la imposición de determinadas exigencias que no se ajustaban a la realidad de El Hierro, como determinadas condiciones de accesibilidad y equipamientos que habrían supuesto una carga desproporcionada para los pequeños propietarios.
Tras el rechazo de la enmienda, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se comprometió a aprobar un decreto ley que regule esta cuestión mediante requisitos lógicos y asumibles, en la línea de la propuesta formulada por AHI.
