Redacción/El Parlamento de Canarias ha aprobado la modificación de la Ley de Ordenación del Turismo que permitirá mejorar las condiciones laborales de las camareras de piso, introduce medidas de prevención de riesgos laborales, contempla subvenciones para su implantación y aclara su aplicación en viviendas vacacionales.
La iniciativa impulsada por el PSOE está dirigida a mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector turístico canario.
Según han informado desde el PSOE, la norma da respuesta a una reivindicación histórica, incorporando la implantación progresiva de camas elevables y carros motorizados en los establecimientos alojativos, con el objetivo de reducir la carga física del trabajo diario y prevenir lesiones. Estas medidas se aplicarán mediante un calendario gradual hasta 2033, permitiendo una adaptación ordenada del sector. “Es posible que algunos crean que las espaldas de las islas menores, curtidas por años de trabajo en el campo, sufren menos. O que esas espaldas doloridas deben seguir diciendo “gracias, señor patrón” simplemente por tener un empleo. Pero no”.
Lo primero es la salud de las trabajadoras. Porque una cama está a la misma altura en cualquier lugar, y un colchón pesa lo mismo en un pequeño hotel de El Hierro que en un complejo de cinco estrellas de Fuerteventura. La exigencia física del trabajo no depende de la isla ni de la categoría del alojamiento.
Algunos han querido justificar excepciones apelando al tamaño de los establecimientos o a la realidad de las islas menores. Pero conviene recordar una obviedad: la salud laboral de las trabajadoras merece protección en cualquier isla y en cualquier centro de trabajo.
“Durante demasiado tiempo se ha normalizado que las camareras de piso se lesionen para que otros hagan negocio. Esta ley pone fin a esa injusticia y sitúa la salud de las trabajadoras donde debe estar: en el centro”, ha señalado la parlamentaria socialista herreña Lucía Fuentes.
Durante la tramitación, se ha trabajado desde el consenso para adaptar la ley a la realidad de cada territorio. En este sentido, se ha incorporado una enmienda que excluye de determinadas obligaciones a los alojamientos de 30 habitaciones o menos, atendiendo especialmente a la tipología de establecimientos de islas como El Hierro.Uno de los aspectos donde más dudas se han generado es el relativo a las viviendas vacacionales. Y aquí conviene ser claros: esta ley no afecta a la mayoría de pequeños propietarios.
Si una persona tiene una vivienda, dos o varias viviendas vacacionales en distintos sitios, no tiene que hacer nada.
La obligación solo se aplica cuando hay una actividad empresarial organizada en un mismo lugar, es decir, cuando se gestionan cinco o más viviendas vacacionales o veinte o más plazas alojativas en una misma parcela de un mismo propietario.
Además, la ley incorpora un elemento fundamental, el respaldo económico para su cumplimiento. El Gobierno de Canarias deberá convocar en un plazo máximo de seis meses líneas de subvención destinadas a facilitar la adaptación del sector, especialmente en pequeños y medianos establecimientos. Estas ayudas podrán ser totales o parciales y serán compatibles con otras líneas de financiación públicas.
Durante la tramitación parlamentaria, la propuesta contó con el respaldo de todos los grupos en ponencia. Sin embargo, en comisión, el diputado de AHI, Raúl Acosta, optó por la abstención tras presentar enmiendas a última hora, al margen del trabajo previo de consenso, y no ser aceptadas. Anunció entonces la presentación de un texto alternativo que nunca llegó a registrarse, evidenciando una actitud más centrada en el titular que en contribuir a una solución construida desde el diálogo.
Frente a ello, otras formaciones sí mantuvieron una posición constructiva, trabajando sobre el texto y mejorándolo sin romper el consenso alcanzado. De hecho, algunas de esas enmiendas salieron adelante, con la abstención de VOX, y permitieron adaptar la ley a la realidad de territorios como El Hierro.
En este contexto, resulta llamativo que quienes mostraron reticencias durante la tramitación o no respaldaron la iniciativa desde el inicio intenten ahora situarse en la foto de un acuerdo que ha sido posible gracias al trabajo sostenido y al impulso del Grupo Parlamentario Socialista. La ley supone un avance en materia de prevención de riesgos laborales que beneficiará tanto a las trabajadoras como a las empresas, al reducir bajas laborales y mejorar la calidad del empleo.
No es habitual que una proposición de ley impulsada por la oposición salga adelante, pero una vez más la política útil del PSOE ha dado sus frutos, demostrando que en Canarias el futuro del turismo no puede seguir decidiéndose solo desde los intereses de unos pocos, sino también desde el reconocimiento y la protección de quienes lo sostienen cada día.
