Redacción/La eliminación de las Directrices de Ordenación del Territorio y la descentralización competencial a favor de ayuntamientos y cabildos deja en manos de pequeñas élites profesionales de la política y vinculadas al sector de la construcción, un proceso de remate y liquidación de los bienes patrimoniales de una población empobrecida y desesperada por la crudeza de una crisis cuya gestión por parte de las distintas corporaciones municipales e insulares ha llevado a un galopante despoblamiento que ha disparado los índices de envejecimiento y arroja los peores índices de desempleo de Canarias.
Los ecologistas advierten de que tras la aprobación en el Parlamento de Canarias de la modificación de la Ley de ordenación territorial y turística de El Hierro, La Gomera y La Palma (las llamadas islas verdes) que cuenta con el apoyo del Cabildo de El Hierro, se condenará especialmente a El Hierro a una devaluación irreversible de los valores naturales, paisajísticos y patrimoniales. Así mismo, manifiestan que es una ley totalmente contraria a cualquier desarrollo económico “sostenible” aseverando que “es un retorno al caciquismo, al favoritismo empresarial y al fortalecimiento de la red clientelar perenne en la isla, apostando por un “modelo turístico y social de garrafón”.
Para los ecologistas, la nueva ley solo da garantías a los especuladores, señalando que el nuevo escenario de la sociedad herreña será de meros espectadores, maniatados ante la destrucción de un proyecto de futuro, que nos despoja de cualquier herramienta legal para impedir la destrucción de nuestros recursos estratégicos”.
El apoyo por parte del Cabildo de El Hierro a las nuevas leyes, tanto la “ley del suelo” como la de “las islas verdes”, convertirá en solares potenciales cualquier tipo de suelo, toda una burbuja especulativa que fomentará la dispersión y el encarecimiento del suelo rústico. Se levantará una veda para la especulación en los suelos protegidos por la Red Natura 2000, pues pronostican que este nuevo modelo de planificación incrementará la contaminación de los suelos, el colapso en la gestión de residuos, la destrucción del patrimonio etnográfico y arqueológico y la destrucción del paisajes tan característicos como Las laderas de El Julan, La Dehesa, La Meseta de Nisdafe o las zonas de costas, inmersas en un proceso de descontrol urbanístico por parte de oportunistas compañías turísticas foráneas que “premiarán” con puestos de trabajo subalternos a la población local.
El hecho de que la ley establezca que los promotores de los planes insulares deban hacer una especie de “autoevaluación ambiental” es todo un despropósito, carente de las mínimas garantías de objetividad, todo un caldo de cultivo para la corrupción y la impunidad, añaden.
La ley del suelo será el éxito de un modelo meramente insularista y peor aún, potenciará un municipalismo caciquil propio de las “repúblicas bananeras”. Nos podemos encontrar a los tres municipios luchando y compitiendo entre sí, para atraer la inversión a cambio de prostituir los bienes patrimoniales, el territorio, el paisaje y derechos civiles, la oferta y la demanda será dirigida por los especuladores, como agravante, este fenómeno de depredación de suelo rústico es extrapolable al resto de las islas, creando una competencia continua entra islas y municipios que desmantela cualquier proyecto de Canarias como unidad territorial.
Con la nueva ley del Suelo y la de las islas verdes, la biodiversidad, el paisaje, la cultura agraria o la soberanía alimentaria –valores que han caracterizado la identidad de la sociedad herreña pasan a ser obstáculos de los que hay que deshacerse. A partir de ahora, al suelo rústico se le pueden asociar actividades de ocio, deportivas, docentes, de investigación, etc. o “cualquier uso que produzca una renta complementaria a la actividad principal”. Todo ello con una simple licencia municipal que, en El Hierro, por costumbre, se dan por “orden del Alcalde”.
Planear que esta ley fomenta el sector primario es todo un despropósito, ya que la ley del suelo devalúa a la mínima expresión el interés agropecuario del suelo, en beneficio de cualquier otra actividad más rentable a corto plazo, elevando el valor del suelo, ahora polivalente y atractivo para los especuladores.
Ossinisa hace un llamamiento a la población para que se sume a todas las acciones y apoye los recursos judiciales ante la Unión Europea propuestos en Canarias contra la Ley de las islas verdes y la del suelo. Así mismo, anuncia una denuncia ante la UNESCO por la violación de la normativa de protección de La Reserva Mundial de la Biosfera de la isla de El Hierro, aportando los informes de la Fundación César Manrique, El colegio de Biólogos, El Consejo Consultivo de Canarias y El Colegio de Arquitectos, entre otros.
