Para la formación de izquierda esto supondría una mayor implicación de las administraciones locales herreñas en la solución del problema del paro en la isla
Redacción/Iniciativa por El Hierro-Izquierda Unida Canaria ha propuesto que los ayuntamientos de El Hierro se acrediten como agencias de colocación, desempeñando esa función de intermediación laboral en coordinación con el con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y/o con los servicios públicos de empleo de sus respectivas comunidades autónomas.
Según Laura Rodríguez, coportavoz del movimiento de izquierda, “el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, modificó las condiciones mediante las que entidades de carácter público y privado podían actuar como agencias de colocación. Desde su aprobación, muchos ayuntamientos han sido autorizados para desempeñar esa función de intermediación laboral que tiene por objeto poner en contacto las ofertas de trabajo con los trabajadores que buscan un empleo, para su colocación, con la finalidad de “proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado a sus características y facilitar a los empleadores los trabajadores más apropiados a sus requerimientos y necesidades.
Desde IpH-IUC se recuerda que el mecanismo de funcionamiento de las agencias de colocación es sencillo: reciben peticiones de las empresas para contratar a trabajadores y, al mismo tiempo, solicitudes de empleo de personas interesadas en trabajar; a continuación, seleccionan a las personas candidatas que más se ajustan a las necesidades de la empresa y ponen a ambas partes en contacto. Es la propia empresa quien decide a cuál de las personas preseleccionadas contrata.
Para la coportavoz de IpH-IUC “no podemos continuar sin aprovechar las herramientas que la legislación nos ofrece en este sentido, Sería también un paso importante hacia una mayor democratización del acceso al empleo en el municipio, puesto que, a través del registro online, se facilitaría la inscripción de personas con mayores dificultades para acercarse físicamente a Valverde”.
IpH-IUC considera además que esta medida supondría una mayor implicación de las administraciones locales, que tendrían el contrapeso de la necesaria coordinación con el Servicio Canario de Empleo, lo que pondría coto a cualquier sospecha de utilización clientelar de las colocaciones.
