La Isla

Redacción/Ambas asociaciones solicitan el cese inmediato de la Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, María José Guerra Palmero (PSOE), y de la Directora General de Patrimonio Cultural, María Antonia Perera Betancor (Sí Podemos Canarias), por haber forzado la caducidad de 155 Bienes de Interés Cultural (BIC), dejándolos en una situación de desprotección jurídica. 

Tanto, la Asociación para la Investigación y Conservación del Silbo Herreño y la Asociación Cultural y Ecologista Ossinisa, entienden que, con esta actuación, el Gobierno de Canarias ha evitado cruzar una de las líneas rojas impuestas por Casimiro Curbelo (ASG): la inminente declaración de BIC del silbo herreño, el único de los 155 que se encontraba en fase de aprobación definitiva. Una sentencia del Tribunal Constitucional que anula un inciso de la vieja Ley 4/1999 de Patrimonio histórico de Canarias (derogada desde el 13 de junio de 2019), le ha servido de pretexto al Gobierno para saltarse las disposiciones transitorias de la nueva Ley 11/2019 de Patrimonio cultural de Canarias, llevando a cabo un auténtico “155” contra el poder legislativo. Este malabarismo legal, presuntamente constitutivo de un delito penal, también será llevado ante los tribunales por ambas asociaciones, advierten.

Cuando, en 2017, el Gobierno autonómico comenzó a trabajar en la nueva Ley 11/2019 de Patrimonio cultural de Canarias, informó a los Cabildos de que se iba a modificar el régimen de caducidad de los Bienes de Interés Cultural (en adelante, BIC). Así, el artículo 21.2 de la vieja Ley 4/1999 de Patrimonio histórico de Canarias estimaba necesaria una denuncia previa para hacer caducar cualquier BIC. Sin embargo, con la nueva Ley, se imponía una caducidad automática basada en plazos.

Los cabildos, temiendo que la nueva Ley pudiera hacer caducar automáticamente los 155 BIC pendientes de declaración, solicitaron incluir en la futura Ley un plazo de caducidad de 24 meses para poder tramitarlos. Por este motivo, la nueva Ley 11/2019 recogió lo siguiente en sus disposición transitoria quinta:

“Los procedimientos incoados para la declaración de un bien de interés cultural con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley que se encuentren en fase de instrucción por los cabildos insulares, caducarán de forma automática, si no se concluyera el periodo de instrucción en el plazo de veinticuatro meses, desde la entrada en vigor de la presente ley” expresa la nueva Ley 11/2019.

La finalidad de las disposiciones transitorias es, precisamente, la de salvaguardar, a través de un régimen jurídico propio, los expedientes que están en fase de tramitación en el momento de aprobación de la norma, evitando así su desprotección. En consecuencia, los 155 BIC que estaban en fase de tramitación disponían un plazo de 24 meses para resolverse. Como la norma entró en vigor el 13 de junio de 2019, el plazo de caducidad se prolongaba hasta el 13 de junio de 2021.

A pesar del marco jurídico de protección que preveía la nueva Ley, el Gobierno de Canarias se sirvió de una sentencia del Tribunal Constitucional para hacer caducar estos 155 BIC. La sentencia n.º 2908/2019 se resolvió el 28 de noviembre de 2019 y entró en vigor a partir del día 6 de enero de 2020 con su publicación. Como puede observarse en el párrafo anterior, la sentencia es posterior a la entrada en vigor de la norma que protege los BIC. Además, el objeto de la sentencia no es hacer caducar los 155 BIC ni las disposiciones transitorias de la nueva Ley, sino única y exclusivamente:

“Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2908-2019 y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad del art. 21.2 de la Ley del Parlamento de Canarias 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio histórico de Canarias, en el inciso: «Transcurrido este plazo se podrá denunciar la mora por cualquier interesado. Una vez denunciada la mora, la administración actuante dispondrá de dos meses para concluir el expediente y elevarlo al Gobierno de Canarias para la declaración del bien de interés cultural, la que deberá producirse en el plazo de dos meses a partir de la recepción”.

Como puede deducirse fácilmente de este extracto, la sentencia declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 21.2 de la vieja Ley 4/1999, de Patrimonio histórico de Canarias: el que ya mencionamos en el primer párrafo y que establecía el régimen de caducidad de los BIC antes de la entrada en vigor de la nueva Ley 11/2019. Además, debe observarse, que no se declara inconstitucional y nulo todo el apartado 2 de la vieja Ley 4/1999, sino únicamente un inciso.

El Tribunal Constitucional no hace ninguna mención a los BIC en tramitación ni decreta su caducidad. Simplemente, anula la forma que tenían de caducar los expedientes BIC antes de la entrada en vigor de la nueva Ley 11/2019 de Patrimonio cultural de Canarias. Es decir, que la sentencia del Tribunal Constitucional solo reconoce la inaplicación de un artículo de la vieja Ley 4/1999 que ya de por sí estaba derogado por el régimen transitorio de la nueva Ley 11/2019, que entró en vigor el 13 de junio de 2019 (seis meses antes). Por lo tanto, el régimen de protección cautelar de 24 meses, necesario para tramitar los 155 expedientes, no solo aplicaba antes de la publicación de la sentencia, sino que era compatible con la misma, pues ambas reconocen la caducidad automática. Igualmente, cabe resaltar que el alto tribunal, aun teniendo la capacidad de ampliar el razonamiento de su sentencia y extender su nulidad, no entró a valorar las disposiciones transitorias de la nueva Ley ni analizó ninguna consecuencia para los 155 BIC en tramitación.

De todo lo expuesto puede deducirse que el Gobierno de Canarias ha inventado un supuesto jurídico inexistente, contraviniendo la división de poderes. Han causado la inaplicabilidad de las disposiciones transitorias cuarta y quinta de la nueva Ley, dejando totalmente desamparados los 155 BIC pendientes de tramitación; aseguran desde  la Asociación para la Investigación y Conservación del Silbo Herreño y la Asociación Cultural y Ecologista Ossinisa.

La convierte en adjudicatario directo del servicio entre el 27 de marzo y el 12 de abril

GMº/La intención mostrada por las compañías aéreas que operan las rutas interinsulares en Canarias de quedarse en tierra ante la caída de la demanda fruto del estado de alarma la salda el Estado adjudicando a Binter la actual configuración del transporte aéreo en Canarias y abortando al intención de la compañía de quedarse en tierra.

El 23 de marzo Binter informaba a la Dirección General de Aviación Civil que en las condiciones de explotación actuales se ven obligados a detener todas las operaciones de Canarias más allá del 25 de marzo, una medida que el día 24 comunicaba Canary Fly, lo que hubiese significada la total incomunicación por vía aérea del Archipiélago.

Ante el escenario y la necesidad de mantener unas condiciones mínimas de conectividad, el Estado establece unas condiciones mínimas que se han traducido en 10 conexiones interinsulares diarias (El Hierro cuenta con 1) en las que la se considera suficiente una oferta de plazas del 50 por ciento que permita la adecuada separación entre pasajeros, dando a su vez prioridad en el transporte a los productos perecederos, material médico, medicamentos y otros productos fundamentales de urgente necesidad para el abastecimiento de la población.

Estos servicios  se ofrecerán a un precio final de venta al público de 80 euros por trayecto y de 100 euros para los desplazamientos que requieran hacer escala en Tenerife o Gran Canaria.

La adjudicación asciende 368.000 euros, estando establecido entren el 27 de marzo y se extenderá hasta la finalización del estado de alarma, prevista actualmente hasta las 00:00 h del 12 de abril.

Redacción/La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias  ha informado hoy lunes, 30 de marzo, del numero de casos acumulados de coronavirus COVID-19 en la comunidad, desde que se inició la crisis el pasado mes de enero, y que se cifran en 1204 casos acumulados. 444 personas han requerido ingreso hospitalario, de los cuales 84 lo han tenido que hacer en UCI. 

Según los datos epidemiológicos de los que se dispone Consejería de Sanidad, 32 personas han sido dadas de alta epidemiológica y 40 personas han fallecido, siendo el último caso una persona residente de un centro de mayores en Tegueste en la isla de Tenerife, centro donde se han dado 7 positivos que están ingresados en HUC y 1 trabajador aislado en casa. El número de sanitarios con coronavirus COVID-19 es de 231. 

Por islas, la más afectada es Tenerife que cuenta con 721 casos; le sigue Gran Canaria con 341 casos; La Palma, 52 casos; Lanzarote, 48 casos; Fuerteventura, 31 casos; La Gomera, 8 casos y El Hierro, 3 casos.

En estos momentos la Consejería de Sanidad insiste en la importancia de mantener al máximo el confinamiento para evitar que las personas más vulnerables puedan enfermar como pacientes inmunodepromidos, diabéticos, personas con enfermedad cardiovascular crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica o neuromuscular, personas con cáncer, inmunodeficientes incluyendo VIH. 

En este sentido la Consejería de Sanidad recuerda que es muy importante recalcar que los jóvenes son los que más deben mantener las medidas de confinamiento y distancia social porque son los transmisores asintomáticos de la enfermedad. Es decir, pueden ser portadores sin tener ningún síntoma y pueden contagiar a gran cantidad de personas.

Redacción/Más de 600 voluntarios y voluntarias de la Institución participan en este dispositivo humanitario con un plan de respuestas que ha iniciado el reparto de 87.500 kg. de alimentos y kits de higiene, y la distribución de 2.800 tarjetas y vales de compra de alimentos de primera necesidad a personas mayores que viven solas y otros colectivos en situación de vulnerabilidad. Cruz Roja en Canarias aporta un presupuesto estimado de 500.000 €, a lo que se suman las contribuciones de las administraciones públicas, empresas y particulares que quieran colaborar.

Cruz Roja Canarias, ha informado que, desde el comienzo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, la institución aseguró el mantenimiento de sus programas esenciales e intensificó su actividad con las personas más vulnerables ante esta pandemia. En el marco del Estado de Alarma nacional, la Institución ha puesto en marcha el Plan “Cruz Roja RESPONDE” frente al COVID-19 para las personas en situación de vulnerabilidad y población general, en coordinación con todas las administraciones públicas. Un plan concreto de actuación y respuesta para los próximos dos meses y que pretende alcanzar a cerca de 43.000 personas de toda Canarias (1.350.000 en todo el territorio nacional).

El plan cuenta actualmente con el apoyo de 620 personas voluntarias que dan respuesta por Cruz Roja en Canarias, a través de su amplia red territorial, con presencia en casi la totalidad de los municipios de la comunidad autónoma, lo que permite a la Institución actuar desde la proximidad local.

Más de 20.800 personas recibirán atención y acompañamiento telefónico, 22.000 personas en situación de vulnerabilidad que viven solas recibirán en sus domicilios productos para cubrir sus necesidades básicas, y 161 personas sin hogar actualmente tienen un lugar para dormir. Cruz Roja refuerza así sus mecanismos de respuesta en Emergencias, Salud e Inclusión Social, y además ofrece una respuesta integral en todas sus áreas de actuación; Socorros, Intervención Social, Empleo, Salud, Educación y Medio Ambiente. 

En este sentido, Cruz roja ha desplegado los recursos y herramientas de la Unidad de Emergencias en coordinación con las autoridades competentes, prestando apoyo al Servicio de Urgencias Canario (SUC), con suministro de Equipos de Protección Individual y 6 ambulancias (3 en Tenerife y 3 en Gran Canaria) para el transporte sanitario urgente en apoyo al servicio normal de urgencias, habiendo realizado 239 intervenciones, se ha creado una Célula Logística en Tenerife para dar apoyo y coordinar los recursos de la Institución, se ha activado al Centro Logístico de Emergencias de Canarias, ubicado Tenerife, y el Centro de Operaciones Autonómico, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, para la disponibilidad de sus recursos.

Se han puesto a disposición, dos equipos de intervención psicosocial a disposición de personas afectadas e intervinientes, así como la distribución y entrega de 87.500 kg. de alimentos, kits de higiene y 2.800 tarjetas y vales de compras para productos alimenticios de primera necesidad. asimismo, y en coordinación con el Gobierno de Canarias, se ha llevado a cabo la realización de controles de temperatura en todos los aeropuertos de las islas a los pasajeros que llegan a Canarias por vía aérea en alguna de las conexiones que se mantienen abiertas con el resto del territorio nacional mientras dure el Estado de Alarma, como medida de prevención, para evitar la propagación del COVID-19. Hasta la fecha se han realizado 3.215 controles de temperatura, informan de de Cruz roja Canarias.

Según Cruz roja, más de 12 millones personas en España, más del 26% de la población, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, siendo las que actualmente se encuentran aisladas y en confinamiento, viviendo una situación de mayor vulnerabilidad.

En Canarias, 22.000 personas en situación de vulnerabilidad verán cubiertas sus necesidades básicas en alimentación, higiene personal y de hogar, productos sanitarios y pago de suministros, gracias al dispositivo puesto en marcha por Cruz roja.

Actualmente se han puesto en marcha, 5 albergues “Espacios de acogida temporal” (2 en la provincia de Las Palmas, en los municipios de Las Palmas de G.C y Arrecife, y 3 en Tenerife: en S/C de Tenerife, La Laguna y Arona), en coordinación con los correspondientes ayuntamientos y el Gobierno de Canarias, con capacidad para atender en cada uno a unas 25-30 personas sin hogar, a quienes se les proporciona alimentación, descanso, aseo y seguridad las 24 horas. Asimismo, se han dotado de recursos a otros albergues en colaboración con los Ayuntamientos de diferentes municipios.

En coordinación con la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Cruz Roja presta un servicio de atención domiciliaria para personas dependientes y con discapacidad que no cuentan con el apoyo familiar necesario, que hasta el momento estaban recibiendo un servicio de atención de centros de atención diurna, servicio de respiro familiar y centros ocupacionales, cuyo cierre se ha decretado para frenar el ritmo de la transmisión del Covid-19.

El Área de Salud de Cruz roja, ha activado el Centro de Contacto en ambas provincias para realizar llamadas a más de 20.800 usuarios de los proyectos de Cruz Roja, identificados como de riesgo (personas mayores, con discapacidad y enfermedades crónicas), para hacer un seguimiento de su estado de salud y ofrecerles consejos de prevención, además de detectar posibles necesidades que pudieran tener. Asimismo, este servicio también se está realizando con aquellos socios y voluntariado de Cruz Roja mayores de 60 años. A fecha de hoy se han realizado más de 9.000 llamadas.