Valido reclama al Gobierno de España medidas para evitar la desprotección de venezolanos tras el fin de la residencia humanitaria

Foto: Servicio de prensa.
Foto: Servicio de prensa.

Redacción/La diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha registrado una pregunta escrita dirigida al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre las medidas que prevé adoptar el Gobierno ante el fin, el próximo 30 de junio de 2026, de la concesión de autorizaciones de residencia por razones humanitarias a ciudadanos venezolanos.

Valido advierte del riesgo de inseguridad jurídica para miles de venezolanos ante el cese de las concesiones de residencias temporales por razones humanitarias.

Valido recuerda que este mecanismo, en vigor desde 2018, ha permitido regularizar la situación de más de 200.000 personas en España, y advierte que su eliminación supone un cambio relevante en la política migratoria, cuyas consecuencias pueden ser especialmente graves en territorios como Canarias.

En este sentido, la diputada señala que diversas asociaciones y colectivos han alertado de que miles de ciudadanos venezolanos podrían quedar en una situación de inseguridad jurídica o desprotección administrativa. El cese de la medida coincide con el proceso de regularización extraordinaria actualmente en marcha, cuyo plazo también finaliza el 30 de junio de 2026, lo que puede generar un solapamiento que obligue a muchas personas a reiniciar sus trámites por vías más restrictivas.

Valido advierte del impacto que este cambio puede tener sobre unas oficinas de extranjería que ya soportan un elevado volumen de expedientes, con riesgo de colapso administrativo. Las entidades sociales han trasladado un aumento de la demanda de atención a personas en situación de vulnerabilidad sin que existan, por el momento, recursos suficientes para afrontarlo.

La diputada de Coalición Canaria plantea en su pregunta parlamentaria si el Gobierno tiene previsto adoptar medidas transitorias o específicas que garanticen la seguridad jurídica de los ciudadanos venezolanos afectados y eviten que quienes ya tienen procedimientos iniciados queden en un “limbo” jurídico y administrativo, prestando especial atención a territorios con mayor presión como Canarias.

DÉJANOS TU COMENTARIO

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *