Política

Redacción/El senador de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Javier Armas, ha informado que ha registrado una solicitud de comparecencia de la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno de España, Teresa Rivera, para que ratifique que el Parque Nacional no se impondrá en El Hierro si los herreños no lo quieren.

Armas le hará una pregunta pública a la ministra y presentará en la Cámara Alta, una moción para paralizar el proceso.

Según Armas, “la Agrupación Herreña Independiente dice rotundamente no a este Parque Nacional Marino del Mar de Las Calmas tras conocer la aprobación del expediente por el Consejo de Ministros en el día de ayer, sin contar con el consenso en la isla”. 

El senador herreño asegura que el Gobierno de España y el presidente del Cabildo de El Hierro, con la aprobación de este expediente, han engañado a los herreños, porque lo han hecho sin acuerdo, y en contra de los ciudadanos y de sus instituciones.

“Tanto el presidente del Cabildo, Alpidio Armas, como la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, han faltado a la confianza de los herreños” señala Armas. 

En este sentido, ha explicado que los Plenos del Ayuntamiento de Valverde y de La Frontera solicitaron que no se elevara la propuesta al Consejo de Ministros hasta que la sociedad herreña dispusiera de toda la información para poder tomar decisiones consensuadas y por el bien común. “Ayer, el Gobierno de España impuso su decisión con el consentimiento de Alpidio Armas”. 

“Donde antes decían que si los herreños no lo quieren, no se lo impondremos, hoy dicen, los herreños tendrán su opinión y el Ministerio tiene la decisión” asegura el senador. 

Armas ha señalado que la AHI promoverá la celebración de Plenos extraordinarios en los ayuntamientos de Valverde, La Frontera y El Pinar,  así como en el Cabildo de El Hierro, en torno a esta aprobación inicial y presentará una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento de Canarias, instando un nuevo pronunciamiento del Gobierno autonómico, y llevaran las mismas iniciativas al Congreso y al Senado.

Redacción/Los concejales del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de La Frontera, han presentado una moción, para solicitar al Ministerio de Función Pública la eliminación de la tasa de reposición de efectivos de manera anticipada, con el fin de poder convocar la oferta de empleo público de las plazas pendientes de cubrir en el Ayuntamiento de La Frontera. 

En la actualmente las administraciones no pueden convocar todas las plazas que han quedado vacantes en la última década y ofrecer así unos mejores servicios a la ciudadanía. 

Según explican los concejales populares, Johan González y Atilano Morales, el Ministerio de Función Pública reconoce la necesidad de reforzar las plantillas de la administración y recuperar el empleo perdido durante la crisis de 2008. Por ello, proponen poner fin a la tasa de reposición, el límite que imponía el Gobierno central a las ofertas de empleo público en 2025.

Para calcular la tasa de reposición de efectivos el porcentaje de tasa máximo autorizado se aplicará sobre la diferencia entre el número de empleados fijos que, durante el ejercicio presupuestario anterior, dejaron de prestar servicios y el número de empleados fijos que se hubieran incorporado en el referido ejercicio, por cualquier causa salvo los supuestos previstos en el apartado 3.4, o reingresado desde situaciones que no conlleven la reserva de puestos de trabajo. A estos efectos se computarán los ceses por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, declaración en situación de excedencia sin reserva de puesto de trabajo, pérdida de la condición de funcionario de carrera o la extinción del contrato de trabajo, o en cualquier otra situación administrativa que no suponga la reserva de puesto de trabajo o la percepción de retribuciones con cargo a la Administración en la que se cesa.

“Eliminar la tasa de reposición, con suerte en 2025, supondrá que al liberalizar la oferta de empleo público en ese año equivaldría a que los efectivos no se incorporen al servicio activo hasta 2026 o 2027 en los procesos selectivos extensos” expresan los concejales del Partido Popular.

Se trata de una petición reiterada de varios ayuntamientos de España y la FEMP, entre otros, un tema de interés general y resolución urgente que afecta al normal desarrollo de las administraciones, explican.

Redacción/Los concejales del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de La Frontera, han presentado una moción en la que solicitan la implantación del Servicio de Salvamento y Socorrismo en la zona de baño de La Maceta durante los meses de verano y Semana Santa, así como en las piscinas Cascadas del Mar, cuando se reabran al público.

Los ediles populares reclaman que el Gobierno de Canarias asuma el coste de estos servicios. La moción será debatida mañana jueves en el Pleno ordinario de julio de la corporación municipal.

Según explican los concejales populares, Johan González y Atilano Morales, “no se trata de quién debe prestar este servicio o sufragarlo, sino de que se preste; Y no se está prestando”. En este sentido, explican que el servicio debe implantarse nuevamente, reclamándole el coste al Gobierno de Canarias,  de no hacerlo, advierten que “podemos acabar lamentando la omisión de este servicio” denuncian los concejales del Partido Popular. 

Según señalan desde el PP, la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha declarado la nulidad del Decreto 116/2018, de 30 de julio, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se impuso a los municipios canarios con menos de 20.000 habitantes el deber de prestar el servicio de vigilancia y seguridad en las playas con zonas de baño. El tribunal estima el recurso de la Federación Canaria de Municipios contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 22 de julio de 2021, que había considerado conforme a derecho el decreto. 

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias señala que el interrogante crucial en el presente caso es si la Comunidad Autónoma de Canarias ha respetado las exigencias de los apartados tercero y cuarto del artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local al imponer a los municipios canarios de menos de 20.000 habitantes el deber de prestar el servicio examinado. Recuerda que el argumento de la sentencia del TSJ canario y del escrito de oposición al recurso de casación para dar una respuesta afirmativa a dicha pregunta es que el Decreto 116/2018 es un reglamento ejecutivo del art. 115.d) de la Ley de Costas. 

El Supremo rechaza ese argumento porque dicho artículo no atribuye por sí mismo la competencia aquí considerada, ni impone ningún deber a los municipios, de modo que configurar el Decreto 116/2018 como un reglamento (autonómico) ejecutivo de la ley (estatal) reguladora del demanio costero “es, por ello, una interpretación excesivamente alambicada y carente de justificación”. Añade el tribunal que como el requisito de la determinación mediante norma con rango de ley de una competencia propia y de los correspondientes servicios no ha sido observado; debe acordarse la nulidad del decreto por vulneración de una norma de rango superior recogida en la legislación básica de régimen local. Por todo ello, la Sala concluye que “la imposición a los municipios con menos de 20.000 habitantes del deber de prestar el servicio de vigilancia y seguridad en playas con zonas de baño debe hacerse observando las condiciones establecidas en los apartados tercero y cuarto del art. 25 de la LBRL, a saber: mediante norma con rango de ley y con previsión de dotación financiera suficiente”.

En base al Decreto 116/2018, de 30 de julio, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Plan de Emergencias de La Frontera debía contener en su documento la obligación de contar con un servicio de salvamento y socorrismo en la zona de baño de La Maceta y las piscinas Cascadas del Mar durante los meses de verano y Semana Santa, de acuerdo con Decreto. 

Con la anulación de esta obligación de que sean los ayuntamientos canarios los que sufraguen este servicio que se contemplaba como obligatorio en determinadas zonas de canarias y en períodos específicos supone un vacío importante, puesto que se han dejado de prestar estos servicios que se habían considerado obligatorios, y, por tanto, esenciales en estos lugares, señalan los concejales del PP. 

Los concejales del Parido Popular (PP), también señalan que los Ayuntamientos de Valverde y El Pinar de El Hierro 

Redacción/El diputado de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), Raúl Acosta, ha manifestado hoy, en el Pleno del Parlamento autonómico, su preocupación y la de su formación política al proyecto del Ministerio de Transición Ecológica para crear el primer Parque Nacional Marino de España en aguas de El Hierro y su afección a la pesca.

“Madrid no nos puede decir qué hacer y cómo proteger nuestro entorno marino”, señaló Acosta.

El diputado ha cuestionado que el Parque Nacional Marino de El Hierro, ponga en riesgo el sector pesquero de la isla y preguntó por la posición del Gobierno de Canarias sobre el proyecto.

Acosta interpeló al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, el también herreño, Narvay Quintero, para resaltar la necesidad de un debate más profundo y detallado sobre el futuro Parque Nacional Marino y sus implicaciones a los sectores afectados antes de tomar cualquier decisión, y preguntar sobre cómo afectará al sector pesquero de la isla el futuro parque.

El diputado ha señalado el apoyo inicial de la sociedad herreña y de su formación hacia la importancia científica y conservacionista del proyecto, reconociendo el valor de la iniciativa en términos económicos y de reputación a nivel nacional e internacional, “A priori, nadie podría negarse a apoyar un proyecto de este tipo”, al tiempo que apuntó que este apoyo es preliminar y está sujeto a la concreción de las normas de gestión y los usos permitidos dentro del Parque, que aún no han sido definidos. “Esa indefinición es motivo de preocupación” apuntó. 

En este sentido Acosta ha señalado que la falta de claridad ha llevado a su partido a posponer cualquier pronunciamiento definitivo sobre el Parque Nacional Marino hasta que se conozcan estos detalles cruciales como las limitaciones a la pesca deportiva o el acotamiento al esfuerzo pesquero de la pesca artesanal.

Acosta he expuesto el posible impacto negativo sobre la actividad pesquera tradicional, una práctica esencial para la economía de la isla, y preguntó a Quintero cómo afectará el Parque a esta actividad económica básica en la Isla y cuál es la posición del Gobierno de Canarias al respecto.

El diputado herreño advirtió sobre el riesgo de convertir El Hierro en un parque temático, sin considerar adecuadamente a los residentes locales que dependen del mar para su subsistencia. “Volvemos a correr el riesgo de transformar la isla no ya en un Parque Nacional, sino en un parque temático, sin tener en cuenta que allí viven, trabajan y comen miles de personas que, por cierto, ya cuidan bastante bien de su entorno marino”.